Las comunidades originarias que se encuentran en Río Negro se reunieron en un primer encuentro realizado el 7 de julio de este año, a partir de la llegada de la empresa minera Ivael Mining S.A a diferentes parajes de la zona que distanciados entre sí. Ante la presencia de estas empresas, se autoconvocaron para contar sus experiencias acerca de lo que les decían estas personas.
“Se presentaron como geólogo, geógrafo y una abogada; argumentando que tenían permisos que les había entregado la Secretaría de Minería de la provincia y que tenían que entrar a las campos a hacer extracción de suelo y roca”, compartió Andrea Cañuqueo, integrante del Lof Mariano Epulef.
Hasta ahora en la zona no hay ningún proyecto en curso, aunque sí hubo exploraciones en algunos lugares, contó Cañuqueo. “A partir de ese encuentro que tuvimos; empezamos a buscar información y dimos con un boletín oficial del mes de abril en el que la provincia a través de la secretaría de Minería concedió permisos de exploración”, sostuvo.
Y en algunos declaraban ciertos hallazgos: “la mayoría son metales de primera y segunda categoría. No sabemos si han otorgado permisos a otras empresas. Esta empresa es la que tuvo contacto con miembros de las comunidades; sabemos que tienen este permiso”, aclaró.
Mediante un comunicado expresaron: “Las comunidades mapuche tehuelche nos convocamos una vez más para reafirmar la defensa del territorio ante la amenaza extractivista. (…) No sólo porque la amenaza se presenta en distintos territorios, sino también porque entendemos que como mapuche no podemos permitir el ingreso de las empresas mineras”.
“La megaminería no es producción, es extractivismo, no genera fuentes de trabajo, sino pobreza, no es sustentable, es devastadora y los daños que provoca son irreversibles. Donde el winka ve ganancias nosotros vemos vida”, sentenciaron en el comunicado.
Proyectos en el territorio
En la provincia de Río Negro hay un organismo Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) que es cogubernamental; depende de la provincia pero tiene representantes que son elegides por las comunidades. “Este organismo había enviado una nota a principios del 2020 a la Secretaría de Minería para saber si había algún proyecto minero en el territorio y la Secretaría la recibió, pero nunca respondió la nota”, explicó Cañuqueo.
En este sentido expuso que “después, con el transcurso de los meses nos encontramos con la visita de estas empresas que vienen a visitar los campos, diciendo que tienen permiso. Entonces lo que nosotros denunciamos es que la provincia no ha hecho ninguna consulta a las comunidades, no ha informado acerca de estos permisos. Y nosotros consideramos que se está violando el derecho a la consulta libre previa e informada que establece el artículo 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)”.
“O sea que cualquier proyecto que el Estado pretenda realizar en territorio donde las comunidades están viviendo se tiene que abrir todo un proceso de consulta. No es solamente preguntar, que lleguen los representantes de la empresa a avisar que van a entrar. Sino que se tiene que abrir todo un proceso; que tiene que ser dialogado y consensuado con las comunidades mapuche para poder decidir si estamos de acuerdo o no”, explicó.
Además de la consulta previa, las comunidades sostienen que “el tipo de minería que quieren llevar adelante estas empresas no es compatible con nuestra forma de vida ni con nuestra cosmovisión. Entonces hacemos una oposición férrea a lo que es este tipo de emprendimientos. Es incompatible con nuestro modo de vida y lo que nos proponen es una devastación tremenda en los territorios”.
El antecedente de Laguna Blanca
Hace cinco años, desde la comunidad denunciaron el caso de otra empresa minera que había llegado al campo de un vecino de Laguna Blanca a hacer exploración. “Llegaron con la argumentación de que este lamien no había pagado el pastaje; entonces que no podía negarse a dejar entrar a la empresa”, contó Cañuqueo. “Ahí lo denunciamos públicamente porque es un soborno que le hicieron a esta persona que en ese momento se encontraba solo, era un hombre mayor que no sabe leer ni escribir y le hicieron firmar un contrato”, agregó.
“En ese momento la empresa tomó muestras de suelo, hicieron cateos, y con el tiempo cuando se venció este contrato; la familia de este señor no quiere dejar entrar más a las mineras. Y este señor tampoco quiere que vuelvan a entrar porque el después entendió que había sido engañado”, relató la integrante de la comunidad.
Una de las sobrinas de este señor les contó que “en los lugares donde habían hecho cateos efectivamente habían utilizado agua y en todo el lugar donde hicieron estas exploraciones no crece ni un pasto ni un yuyo desde que trabajaron allí y también se hace notar la merma de agua en el lugar”.
“Por eso nosotros decimos que no a cualquier proyecto minero y ni siquiera estamos de acuerdo con que entren a hacer las exploraciones. También denunciamos al Estado porque permite esto desconociendo totalmente la presencia de las comunidades en el territorio”, denunció.
Otro caso: Sierra Pailemán
Un caso emblemático de la provincia es Sierra Pilemán, allí se realizó minería a cielo abierto desde el año 65 hasta el 82. La empresa dejó “pasivos ambientales”. Los piletones a cielo abierto están hasta el día de hoy y la tierra y el agua están contaminadas en muchos kilómetros alrededor, lo que no permite que vivan y puedan alimentarse los animales. “Desde el año 82 hasta el día de hoy ningún gobierno se hizo cargo de los pasivos que dejó esta empresa”, destacó Cañuqueo.
“La empresa extrajo los metales por años y se fue. Supuestamente presentó una quiebra”, agregó. Como consecuencia dejó “pobreza en el lugar, el agua contaminada y un montón de gente enferma”. En este sentido, la entrevistada mencionó un estudio realizado en el año 2005 que “detalla que los niveles de plomo en la sangre de los niños dio sumas más altas de lo que la Organización Mundial de la Salud OMS reconoce como saludables”.
También mencionó que entablaron comunicación con comunidades de Chubut, “también hermanos nuestros, y nos contaron las experiencias de lo que pasó en Yala Laubat que a partir de las exploraciones que está haciendo la empresa canadiense del lugar, rompieron las napas y dejaron sin agua a una población”.
“Entonces todas esas cosas nosotros las tomamos en cuenta y por eso no queremos permitir que entren las empresas y además el Estado nos está dejando en abandono porque nosotros estamos pasando por una situación de sequía muy importante. Y la mayoría de la gente en el lugar practica la ganadería y la horticultura”, destacó.
La situación se agravó en pandemia
El Gobierno Nacional declaró a la minería como actividad esencial durante la pandemia; “mientras nosotros en la población rural el año pasado nos restringieron todo tipo de movilidad; tuvimos uno de los inviernos más nevados de los últimos años y muchas de las familias no pudieron abastecerse a tiempo porque por las restricciones provinciales y municipales no dejaban circular a los camiones que iban a proveernos de forraje y alimentos”, contó Cañuqueo.
Sobre la situación difícil que se vivió relató que “muchas familias quedaron incomunicadas, perdieron animales por la nevada y parte de eso fue porque no se pudieron abastecer por las restricciones que estableció el gobierno”. Además, remarcó: “mientras a nosotros nos restringían el paso para poder satisfacer nuestras necesidades más básicas; a las mineras les están dando la prioridad para seguir avanzando”.
“Entonces nosotros creemos que durante la pandemia las mineras se fortalecieron, ahí fue donde ellos aprovecharon para establecer estos permisos a las empresas y empezaron a llegar a lugares donde no habían llegado antes; se profundizó esto”, aclaró.
La sequía en los territorios
Otro de los problemas que mencionó la entrevistada es que “a partir de este cambio climático, la sequía que venimos arrastrando, el Estado a través de sus instituciones no hizo nada por resolver la situación ecológica y económica también de las comunidades que vivimos en el lugar”.
En ese mismo sentido remarcó que “es como que nos quieren entregar y hacer de cuenta que no existieran las comunidades y otorgarle los permisos. Desconociendo no solamente todos los convenios internacionales, sino también la Constitución Nacional y las leyes provinciales; que a nosotros como pueblo indígena nos amparan. Hay varias cosas que se están incumpliendo por parte del Estado y que hace posible que estas empresas entren. Entonces nosotros nos oponemos rotundamente”.
“A partir de eso generamos estos encuentros de comunidades. A partir del segundo encuentro; se sumaron comunidades que están en la misma condición de seguir defendiendo el territorio y que no entren las mineras”, puntualizó.