Jul 7, 2021 | Pueblos Originarios

Santiago del Estero: Manaos hostiga a la comunidad Yaku Kachi

La comunidad indígena fue foco de un nuevo ataque por parte del grupo armado enviado por el empresario Orlando Canido, dueño de la reconocida marca de gaseosas.
2- Miembros de la comunidad Indigena Yaku Kachi en Bajo Hondo del Pueblo Guaycuru. Foto: Mocase Vía Campesina

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) denunció un nuevo ataque a la comunidad indígena Yacu Kachi del pueblo originario Guaycuru, en Bajo Hondo. Denuncian que la agresión fue perpetrada por una banda armada asociada a Orlando Canido, dueño de la empresa Manaos. 

En diálogo con Nota al Pie la integrante del MOCASE, Deolinda Carrizo aseveró que los hechos tuvieron lugar el 5 de julio. “Al comienzo del día nos encontramos con un animal muerto” producto “de un disparo”. Y añadió, “alrededor del mediodía, siguieron a un compañero llamado Adrián Montenegro”.

“Los hombres armados de Canido arrancaron el pilar que funciona como medidor de luz y comenzaron a disparar al aire varias veces”, indicó la vocera. Las intenciones del hecho fueron: dejar sin luz a toda la comunidad, dificultar la alimentación, el acceso al agua, generar perjuicios económicos y materiales. 

“No solo dejaron a la comunidad sin luz, sino también sin agua, ya que la bomba es eléctrica. Es decir que no podían sacar agua para su propio consumo ni el de los animales”, se indignó Carrizo.

El destrato de las autoridades

Tras los sucesos del 5 y 6 de julio, desde el MOCASE accionaron ante las autoridades. “Si bien tomaron la denuncia, fue resultado de un acampe que realizamos hasta las 4 de la mañana en la comisaría de Quimilí. Recién a las 7:30 horas anunciaron que irían al lugar de los hechos”, pero “no hubo una acción lógica de seguimiento y constatación inmediata”.

Al llegar al lugar de los ataques, los oficiales comprobaron los destrozos, pero no arrestaron a nadie. “Los responsables no se encontraban allí” y al acercarse a la casilla, donde la noche anterior había más de 20 agresores, solo hallaron a dos de ellos. 

Carrizo aseguró que Canido pasea impunemente por la zona sin que nadie haga nada. “Ya 3 veces pasaron frente a la sede central en Quimilí con bocinazos, en señal de provocación y burla. Es como que dijera: acá estoy, hagan algo”.

Con estas prácticas, el empresario pretende generar una reacción por parte de la comunidad a fin de que haya gente lastimada o muertos. “Ya está muy agotada la paciencia de los compañeros. No pueden vivir sometidos a este tipo de violencia”, vociferó la integrante del MOCASE.

En ese marco, Carrizo hizo un llamado a les fiscales María Victoria Sottini y Miguel Ángel Torresi, así como a la jueza Rosa Falcó. “Para la resolución del conflicto se deberán desarmar a las bandas de Canido u otorgar el reconocimiento de propietarios a la comunidad Yaku Kachi”, indicó.

De acuerdo con la comunidad, ese territorio se encuentra contemplado bajo la ley 26.160. Asimismo, piden a Falcó que suspenda definitivamente la orden de desalojo que iniciaron en 2009, la cual se encuentra apelada.

“La justicia de la provincia da respuestas negativas al campesinado indígena, los criminaliza y violenta situaciones donde hay peligro respecto a la seguridad y vida de los niños, mujeres y hombres que luchan y resisten contra el empresario Orlando Canino de la gaseosa Manaos”, apuntó.

No es un caso aislado

La integrante del MOCASE manifestó que este no es un caso aislado y que la situación de la comunidad es de hace tiempo. “Lamentablemente, hay varias situaciones donde se vulneran los derechos en Santiago del Estero”.

Entre estos casos se encuentra el desalojo violento por parte de la policía el 12 de junio de este año, donde dejaron inhabitable la casa de una vecina y su familia. 

El 2 de julio, el cuerpo policial realizó por tercera vez consecutiva una inspección ocular. Esto se debió a un nuevo ataque donde se derribó el alambrado que rodea el territorio en el cual vive la comunidad. 

Ese alambrado había sido reconstruido por les mismos integrantes Yaku Kachis ya que era la tercera vez que lo habían destruido dejando a la deriva a los animales sin ningún tipo de contención.

Luego de perpetrar el hecho, un grupo de personas se instaló en una casilla ubicada en el límite del territorio comunitario y del territorio apropiado por Canino. “Las personas seguían acostadas y armadas, más no se les ordenó desarmarse ni nada”, evidenció  Carrizo.

“Hace dos semanas, la fiscal Sottini aprobó una orden de allanamiento y detención de un compañero de la localidad de Alberdi al cual acusaban de robo. Sin embargo, el hecho sucedió en un departamento que ni siquiera es el mismo”, protestó la entrevistada.

“El compañero sigue preso y corriendo el riesgo de permanecer allí injustamente ya que no tiene fecha la audiencia de su caso. Ello a pesar de haberse presentado la excarcelación y testimonios”, expuso la mujer.

Debido a todo lo vivenciado, desde la comunidad organizaron un corte de ruta y movilización, pero el gobernador Gerardo Zamora se comunicó con elles y les brindó una audiencia para estos días. 

“Nos reuniremos tan pronto sea posible ya que debe haber una decisión política urgente que garantice la seguridad y derecho de las personas de Yacu Kachi y de las otras comunidades a fin de que no se sigan vulnerando nuestros derechos”, concluyó Carrizo.

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