La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina repudió este jueves las recientes declaraciones del Obispo emérito de la Iglesia Católica, Héctor Aguer, y del Obispo Castrense, Santiago Olivera; ambas con un sentido negacionista “frente a los crímenes de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar”.
De esta forma, la APDH se sumó al pronunciamiento de las Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA); en donde participan más de 50 organizaciones de derechos humanos, feministas, LGBTI+, sociales, políticas, ateas y religiosas.
El pasado sábado 26 de junio, en el programa “Claves para un mundo mejor”, emitido por Canal 9, Aguer reivindicó públicamente al Terrorismo de Estado. El Obispo expresó que la dirigencia argentina “viene negando y ocultando los derechos de las víctimas de los grupos terroristas de aquellos años 70 y 80”.
Además, se refirió a quienes eran perseguides por la dictadura militar como “aquellos que sembraron el terror en la Argentina”. En este sentido, criticó las reparaciones a las víctimas del Terrorismo de Estado y a sus familiares. “Lo que se ha impuesto es un relato, es una verdad única, así como la verdad única de que hay 30 mil desaparecidos”, continuó el obispo.
El organismo de derechos humanos recordó que el 25 de mayo de 2016 “Aguer dijo que ‘la política de memoria, verdad y justicia’ es decir, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico, eclesiástica y militar, es la manera como se denomina ‘pomposamente al rencor y a la venganza’, y pidió ‘paz, olvido, borrón y cuenta nueva’, promoviendo groseramente la impunidad”.
Las manifestaciones de Aguer se suman a la del Obispo Castrense Santiago Olivera, quien en una carta pastoral reclamó prisiones domiciliarias para los genocidas.
Otro pedido de la APDH
Además de repudiar los dichos negacionistas de Aguer y Olivera, la APDH pidió la separación de la Iglesia y el Estado. “Gracias a la ley 21.540 del genocida Jorge Rafael Videla, Héctor Aguer goza de una asignación mensual vitalicia equivalente al setenta por ciento (70%) de la remuneración fijada al cargo de Presidente de la Nación”.
En la misma línea, el organismo de derechos humanos aseguró que “el Obispo Castrense Santiago Olivera, en el marco del Decreto 12958/57, artículo 9, del dictador y asesino Pedro Eugenio Aramburu (que establece que los gastos del Vicariato Castrense son a cuenta de Rentas Generales) cobra la asignación de un Subsecretario de Estado (Decreto n.º 1191/2002)”.
A raíz de esto, la APDH aseveró: “con fondos del erario público, se sostiene económicamente a propagandistas que intentan influir en la administración de justicia”.
“Reclamamos urgentemente sanciones a los cómplices y a los apologetas del terrorismo de Estado e inmediata separación de la Iglesia Católica del Estado. Invitamos a las organizaciones sociales e instituciones a expresar su repudio a las declaraciones de Aguer y Olivera”, finaliza el comunicado.