El pasado 13 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCJBA) publicó el acuerdo 4013 con sus modificaciones. El mismo expresa que se realizarán cambios en torno a las presentaciones y notificaciones a través de la implementación de un nuevo “reglamento para las prestaciones y las notificaciones por medios electrónicos”.
El acuerdo expresa que “dicho reglamento se aplicará en todos los procesos en los que sean aplicables las normas sobre notificaciones, comunicaciones y presentaciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia”.
Los argumentos para la implementación de las modificaciones antedichas refieren al estado de emergencia sanitaria debido al Covid 19; las limitaciones en torno a las actividades presenciales y la necesidad de actualizar los reglamentos y tecnología empleada a fin de ser más eficaces.
En diálogo con Nota al Pie, el Secretario Adjunto de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) San Isidro, Marcelo De Gori informó que el acuerdo iba a comenzar a implementarse a partir del 15 de junio. Sin embargo, debido a diversos conflictos se prevé que regirá a partir del 23 de Agosto.
El secretario adjunto entiende que “lo más perjudicial es la modificación entorno a los telegramas y el oficial ad hoc”. Explicó que el primero refiere a que las notificaciones serán enviadas directamente a una empresa de correo. Ésta las transformará en comunicados similares a una carta documento. Y la segunda modificación consiste en contratar a un privado; para que se encarguen de llevar a cabo las diligencias judiciales ya sean cédulas o mandamientos.
Consecuencias: desigualdad, imparcialidad y sobrecarga
La problemática con la contratación de privados son varias. Entre ellas el entrevistado resalta que una de ellas es que aún no está regulado. “Entendemos que hay un acuerdo entre la Corte y los colegios de abogados; para que quienes se anoten sean quienes lleven a cabo las diligencias judiciales”, denunció.
A su vez, debido a que los juicios poseen distintas notificaciones o diligencias judiciales, otra consecuencia es el cobro de ellas para un mejor servicio. “Hasta ahora no pagaban. Lo que hacen es ofrecerte esta nueva opción privada y más veloz”, aseveró De Gori.
Además, añadió que “en ese marco decimos que se crea una justicia para ricos y para pobres porque quienes puedan pagar van a poder elegir el oficial ad hoc que haga el trabajo rápido y el que no tenga el capital necesario va a ser derivado a una oficina pública que no tiene los recursos para atender todo el trabajo que va a tener que hacer”.
El entrevistado entiende que, si bien no dejará de existir las Oficinas de Mandamientos, sí se verá perjudicada debido a que es probable que se reduzca a una oficina pequeña, significando la reducción del personal, provocando que el trámite tenga rezago por lo sobrecargado de la oficina.
Según De Gori, las oficinas van a entrar en crisis. “En primer lugar porque ya hace varios años que no se nombra personal. En segundo lugar, porque al establecer el sistema privado van a repartir a los empleados en otros lados; a fin de reducirlas en oficinas pequeñas con gran cantidad de laburo que no va a poder llegar a hacer”, explicó.
Otra problemática se encuentra relacionada a la contradicción con la legislación vigente, el debido proceso y el derecho a la defensa. Al respecto De Gori comentó que “es importante que las notificaciones y diligencias judiciales las realice una persona imparcial. El abogado no garantiza la imparcialidad del proceso debido a que es probable que conozca a su cliente”.
En este sentido, añadió que “la legislación vigente establece que ciertas notificaciones deben realizarse por un notificador u oficial de la justicia”. En otras palabras, deben hacerlos empleades públiques.
“Puede ser que las personas que están en juicio se vean perjudicadas por no enterarse intencionalmente de algunas notificaciones”, expresó De Gori; y agregó: “o también que se hagan de una manera que no corresponde”.