El 4 de junio del 2020 la policía bonaerense detuvo a Ezequiel Bazan, de 22 años de edad, en la localidad de Merlo. Cuando estaba volviendo de su trabajo, tres masculinos a bordo de un Falcon lo interceptaron sin identificarse como policías y lo trasladaron a la comisaría 1ra de la misma localidad, donde se cree fue armada su causa por robo.
Acusaron a Ezequiel de un robo agravado por el uso de arma de fuego y desde ese entonces se le dictó prisión preventiva, basándose únicamente en las declaraciones de los policías, sin prueba alguna del hecho.
Las contradicciones sobre las declaraciones de los policías y la inexistencia de pruebas hacen que nada implique directamente al joven con el caso, aun así, Ezequiel sigue detenido en el penal Magdalena desde hace ya casi un año.
Laura Ríos, madre del joven, está convencida de que esta causa esta armada en modo de venganza su activismo en la lucha por el gatillo fácil, donde se encuentra buscando esclarecer la muerte de su hermano Franco Quintero, fusilado por el policía Max Axel Luciano.
La mamá de Ezequiel manifiesta que desde ese entonces tanto ella como su familia sufren hostigamiento policial y persecución por parte de la policía bonaerense.
¿En qué consisten las causas armadas?
Según el CELS (Centro de estudios Legales y Sociales) “son causas penales en las que la policía inventa un delito o le atribuye un delito a una persona que no participó en el hecho. En muchos casos se manipulan o fraguan pruebas. Estas prácticas persisten o incluso pueden haber aumentado si tenemos en cuenta la cantidad de denuncias que los organismos estatales, organizaciones sociales y de derechos humanos recibimos en los últimos años”.
Sobre la salud de Ezequiel
La familia de Ezequiel denuncia que desde el servicio penitenciario se le ha negado el acceso a la salud. En palabras de Laura, su mamá, “su situación se ve agravada por un problema de salud en su pierna derecha, la cual terminó destrozada en consecuencia de un accidente previo a su detención, desde que ingresó en la unidad nunca recibió tratamiento acorde a su dolencia”.
Su derecho a la salud se ve vulnerado ya que, de no obtener asistencia medica, podría terminar en una amputación.
Hoy más que nunca la familia sigue reivindicando su libertad y la absolución del delito que nunca cometió. Convocan apoyo a la actividad programada para el día 3 de mayo a las 10 de la mañana en Tribunales de Morón calle Colón al 151.
