Una mujer de 21 años se acercó el pasado domingo por la mañana a la Subcomisaría de Tigre para presentar una denuncia contra su novio por violencia de género. Sin embargo, el policía que debía ayudarla no sólo no tomó su reclamó sino que aprovechó la situación para acosarla.
Los hechos ocurrieron en la Subcomisaría del barrio Ricardo Rojas, ubicada en la calle Carlos Delcasse. “La chica fue a denunciar a su novio y este impresentable se hizo el galán, la invitó a salir y no le tomó la denuncia”, confirmó a Télam el jefe policial.
¿Qué pasó?
Según relataron familiares de la joven en conferencia de prensa, el oficial Marcelo Ezequiel Bogado la “abrazó, le tocó la pierna, le dio un beso en la mejilla y le dejó anotado en un papelito su celular”. Tras conocerse los hechos, él se encuentra detenido.
Luego del mal momento, la mujer volvió a su casa y contó a su familia lo que el policía había hecho. Con indignación y bronca, varies familiares se acercaron a la comisaría para increpar a Bogado; allí se produjeron disturbios y tanto el efectivo como los manifestantes sufrieron heridas.
Al enterarse del motivo de los disturbios, el titular de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de Tigre, Lucas Borge, denunció a Bogado y le dio intervención inmediata a la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género y a la Auditoría de Asuntos Internos.
Por el momento, la fiscal Mariela Miozzo decidió que Bogado quede detenido e imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, evalúa la conducta de acoso y aguarda la decisión de la joven de denunciar el abuso sexual.
Por otra parte, existen otros dos expedientes. La denuncia original de la mujer contra su novio y otra denuncia contra sus familiares por los daños ocasionados en la seccional.
La policía que no cuida
Esta no es la primera vez que un policía se encuentra involucrado en hechos de violencia de género o abuso de poder. Los datos del Observatorio Mumalá en relación al año 2021 detallan que el 17% de los femicidios los cometieron integrantes de las fuerzas de seguridad; y en el 38% de los femicidios cometidos por armas de fuego, se utilizó un arma reglamentaria.
El 1 de enero de 2021 Noelia Albornoz fue asesinada por su pareja Marcos Suasnada, miembro de la policía de La Rioja. A Noelia, le siguió Úrsula Bahillo, quien había denunciado a su expareja en varias oportunidades. Matías Martínez, integrante de la policía bonaerense, la hostigó durante varios meses hasta que terminó con su vida.
En la misma línea que el comportamiento de sus compañeros, el policía retirado Carlos Medina asesinó en febrero a su expareja, Mirna Funes. Tras el hecho ocurrido en Formosa, el hombre se suicidó. También, Javier Galván, miembro de la Fuerza Aérea, asesinó a su pareja Ivana Módica.
En este sentido, un informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) señala que en 2018 uno de cada cinco femicidios fue llevado a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad y con sus armas reglamentarias. La entidad señala que los femicidios por agentes uniformados son la primera causa de muerte de mujeres y mujeres trans en manos del aparato represivo estatal.
Ley Micaela
Estas noticias ponen en duda la capacidad del personal policial y las instituciones estatales para proteger a las mujeres en situación de violencia de género. Para ello se creó la Ley 27.499, más conocida como Ley Micaela, que se promulgó el 10 de enero de 2019.
Esta ley establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública; tanto en los poderes Ejecutivo, Legislativo como Judicial de la Nación.
Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, a quien Sebastián Wagner asesinó.
La autoridad de aplicación es el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, desde donde aseguran que buscan “transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que hacemos, cada trámite, cada intervención, cada proyecto de ley y, en definitiva, cada una de las políticas públicas”.