Bajo el nombre de La Deuda es con el Pueblo, la CORREPI anunció los resultados de su investigación sobre los casos de violencia estatal. El archivo expone que las muertes a manos de las fuerzas de seguridad, hoy ascienden a 8.172. Los asesinatos fueron cometidos entre 1983 y 2021. El 50% de las víctimas tenía entre 15 y 25 años. El informe señala, además, que muches de elles se encontraban detenides en un calabozo al momento del asesinato. Como segunda causa se encuentra el fusilamiento por gatillo fácil.
La juventud en peligro
Las estadísticas realizadas por la organización dieron como resultado que la provincia de Mendoza es la quinta provincia con más casos de violencia policial. Eliana Ocaña, referente de CORREPI en la provincia declaró que la mayoría de los casos de muerte se dan en las comisarías, como sucede en todo el país.
El Frente Cambia lleva su tercer año de gestión y, como parte de su política, controla la actividad policial en los espacios públicos. Según la Coordinadora es casi imposible que les jóvenes puedan realizar reuniones en las plazas sin que sean monitoreadas. Ocaña afirmó que hay hostigamiento y persecución hacia les adolescentes en la provincia. Lo mismo le ocurre a les artistas callejeres y vendedores ambulantes.
Consecuente con lo que declaró la integrante de CORREPI, en febrero de este año se reprimió en el parque Canota del departamento de Maipú a les jóvenes que estaban llevando a cabo una competencia de rap y freestyle. La represión finalizó con cuatro detenides: Antonella, Israel, Carla y Emanuel.
La Coordinadora informó en una nota el día 6 de febrero, que la detención se desarrolló en el marco de la ilegalidad. Carla y Antonella fueron detenidas y llevadas al calabozo por oficiales hombres y, a su vez, golpeadas. A les cuatro detenides se les negó el derecho a realizar una llamada con el argumento que no podían tener contacto con las familias por protocolo COVID- 19.
Por otro lado, Ocaña denunció que las jóvenes sufren acoso sexual por parte de policías. Además de la persecución a quienes son parte de asambleas y sindicatos, entre otros. Pero no solo se los sigue, sino que también hay imputaciones. La integrante señala que se da la naturalización de los casos, como también la invisibilización de los mismos.