Luego de la reunión del Presidente Alberto Fernández con 13 gobernadores, el Gobierno Nacional pretende elaborar un consenso fiscal para el año 2022. Se espera que el mismo se firme en la jornada de hoy a las 17 horas en Casa Rosada. El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien ya anunció el rechazo a la iniciativa, no se hará presente en la reunión.
El texto del pacto establece que las provincias podrán legislar un tributo a toda transmisión gratuita que acreciente la riqueza de personas jurídicas o naturales. Desde el Gobierno Nacional se impulsa que se impongan impuestos a herencias, legados y donaciones.
Una de las cláusulas del texto prevé que se apliquen alícuotas crecientes a medida que el monto transmitido aumente. De esta manera se busca lograr un impuesto de corte progresivo.
Rechazos, consenso y objetivos de la medida
La medida garantiza la autonomía y potestad de los distritos en cuanto a políticas tributarias, pero deberán comprometerse en la baja de los ingresos brutos, en tanto estos están en relación a la producción. Actualmente, la Provincia de Buenos Aires es la única que cobra un impuesto a lo que de manera general se llama “herencia”.
La Ciudad de Buenos Aires anunció que rechazará la firma del acuerdo nuevamente este año. Algunos de sus referentes partidarios llaman a oponerse al consenso fiscal propulsado por el Gobierno Nacional. Larreta sostiene que su intención no es crear más impuestos en la Ciudad. Tampoco firmarán el pacto con las provincias de San Luis y La Pampa.
Un consenso fiscal de este tipo, deberá ser enviado, por Fundamento Constitucional, al Congreso de la Nación Argentina. Y luego deberá ser aprobado en las Legislaturas de cada distrito provincial; tal como indica la Suprema Ley de la Nación.
El impuesto a la “herencia” está vinculado al contexto de las medidas tributarias a los ingresos personales. Sin embargo, la mayoría de los países los consideran como dos diseños tributarios diferentes. Los especialistas internacionales aconsejan seguir uno de ambos caminos y evitar su convivencia por tratarse de cargas excesivas al fisco.
En este sentido, lo que busca es implementar este impuesto, al mismo tiempo, es un tope para que no decaigan los diferentes ingresos brutos. Pero, simultáneamente, evitaría un freno a la actividad productiva del país.
El proyecto y el origen de este impuesto
El proyecto intenta poner alícuotas máximas a cuatro impuestos provinciales: Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotores y Sellos. Las alícuotas máximas para cada rubro en el actual borrador presidencial son:
Agricultura, ganadería, pesca y minería de 0,75%; Industria manufacturera, 1,50%; Construcción, 2,5%; Comercio, 5%; Hoteles y restaurantes, 4,5%; Comunicaciones 5,5%; Telefonía celular 6,5% e Intermediación y servicios financieros 9%.
Por otra parte, otros sectores afectados son: Actividades Inmobiliarias y/o alquileres 5%; impuesto a los sellos entre 0,5 y 3% (según valuación fiscal); Servicios sociales y salud 4,75%; Transferencia de inmuebles, 3,5% y Transferencia de automotores, 3%.
El Gobierno Nacional considera a este pacto fiscal como un instrumento idóneo para mantener la equidad y recaudar fondos en un contexto de crisis económica. como el presente, en la República Argentina. El texto del pacto se concretó en el ámbito del Ministerio del Interior a cargo de Wado de Pedro.
El tributo a la transmisión gratuita de bienes tiene origen en nuestra región en 1801. Emanado mediante una Real Cédula que impuso una tasa de entre el 1 o el 2%. Este siempre fue considerado un impuesto provincial.
Este instrumento tributario fue derogado por la dictadura cívico militar de 1976 (en coincidencia con una transmisión de bienes en la que el ex Ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, fuera el sucesor de su abuelo). Recién en 1991, el Gobierno del ex Presidente Carlos Saúl Menem, creó el impuesto a los bienes personales.