ATE determinó en su último plenario federal de delegados, realizar una Jornada Nacional de Lucha con movilización a la Secretaría de Trabajo (Av. Leandro N. Alem 650, CABA) el miércoles 19 de noviembre a partir de las 12h, para manifestar su rechazo al proyecto de reforma laboral del gobierno y exigir la reapertura inmediata de las negociaciones salariales.
El secretario nacional del sindicato, Rodolfo Aguiar, afirmó que los trabajadores no tienen que esperar a conocer “letra chica” para entender que se les quieren arrebatar derechos, y que la Administración Pública se encuentra ya en “emergencia salarial” tras 23 meses del gobierno.
La reforma laboral que la ATE denuncia prevé la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de las indemnizaciones en cuotas, la negociación de convenios por empresa y no por actividad, y aumentos salariales atados a la productividad, entre otros puntos.
Según el sindicato, el Gobierno estaría planificando el desmantelamiento de áreas de control y fiscalización del Estado, para adecuar la Administración Pública a los cambios normativos que facilitarían la reducción de Derechos laborales.
En cuanto a la situación salarial, la ATE rechazó la propuesta del Ejecutivo para las paritarias del sector público —que ofrecía incrementos de 1,3 % en junio, julio y agosto y menores en los siguientes meses—, argumentando que esos valores quedaron por debajo del ritmo de inflación oficial (por ejemplo, 1,6 % en junio, 1,9 % en julio).
La jornada del 19 de noviembre representa una señal de alerta para el Gobierno, ya que la ATE advierte que no esperará el recambio parlamentario para luchar en la calle contra lo que consideran una “modernización” regresiva de los derechos laborales.
Impacto y expectativas en el Estado
- La movilización se concentrará en Capital Federal pero tendrá réplicas en diversas seccionales del país, lo que podría generar interrupciones en los servicios públicos controlados por el Estado.
- La medida muestra una escalada en la estrategia gremial del sector estatal, que busca condicionar el desarrollo del proyecto de reforma laboral antes de su llegada al Congreso tras el 10 de diciembre.
- Para el Ejecutivo, el desafío será gestionar el conflicto y ajustar el cronograma del plan normativo sin profundizar el malestar en el personal público.