El Gobierno nacional anunció la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, al consorcio integrado por la empresa belga Jan de Nul y la firma Servimagnus. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada este viernes en el Boletín Oficial.
La medida marca el cierre de un proceso licitatorio impulsado por la administración de Javier Milei y supone el fin de la gestión estatal directa sobre el principal corredor fluvial del país, por donde circula alrededor del 80% del comercio exterior argentino. Según el Gobierno, la concesión permitirá reducir costos logísticos y “servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.
Desde el Ejecutivo celebraron que ninguna de las empresas participantes presentó impugnaciones durante las distintas etapas de evaluación y destacaron el respaldo de cámaras empresariales, exportadores y gobiernos provinciales vinculados a la actividad portuaria, quienes afirmaron que el proceso cumplió con “el más alto estándar de calidad técnica dispuesto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)”.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro Exportador de Cereales, Unión Industrial Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, Cámara de Puertos Privados Comerciales, Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, entre otros, son algunos de los entes que apoyaron la privatización.
Por su parte, las empresas ganadoras anunciaron que conformarán “Vía Navegable Argentina”, la sociedad que se encargará del desarrollo del proyecto y la operación de la Hidrovía. “Jan De Nul y Servimagnus pondrán a disposición su experiencia, capacidad técnica y todos los recursos necesarios para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de dicha concesión”, sostuvieron.
No obstante, la licitación estuvo rodeada de cuestionamientos durante su desarrollo. Meses atrás, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) advirtió sobre presuntas irregularidades en distintos aspectos del procedimiento y señaló posibles problemas vinculados a la transparencia y la competencia del proceso. Aunque esas observaciones no incluyeron ningún pedido ni frenaron el avance de la licitación, alimentaron las críticas de sectores que reclamaban un mayor debate público sobre el futuro de la principal vía navegable del país.
Entre otras cuestiones, la PIA señaló que que la ANPyN repitió defectos que ya advertidos en procedimientos licitatorios anteriores y entre las irregularidades detectadas destacó: “La forma de redacción de la cláusula anticorrupción, las condiciones para una eventual cesión del contrato (que podrían favorecer a competidores que no estaban en condiciones para ofertar), los límites a la posibilidad de impugnar y a la presentación de ciertas formas societarias, y la limitación a que las empresas presenten ofertas bajo la modalidad de Uniones Transitorias de Empresas”.
Otra de las observaciones fue que no estaba previsto un “adecuado procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, con intervención de la autoridad nacional en materia de ambiente”. Al respecto, el dictamen alertó: “Nuevamente, se ha destacado la importancia de este requisito, cuya omisión no puede subsanarse mediante la incorporación de informes o planes de gestión ambiental”.
Como resultado del análisis de los documentos, la PIA explicó que “las conclusiones siguen siendo las mismas: surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los 138 pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”.
La concesión definitiva se firmará dentro de los próximos 30 días y tendrá un impacto directo sobre el comercio exterior argentino. Para el Gobierno, se trata de una nueva etapa de inversión privada que permitirá aumentar la competitividad de las exportaciones. Para los sectores críticos, en cambio, representa la profundización de un modelo que vuelve a delegar en operadores privados el control de una infraestructura estratégica para la soberanía económica y logística del país.