En menos de cinco meses, la represión ejercida por las fuerzas de Seguridad bajo la conducción de Patricia Bullrich ya dejó más personas heridas en contexto de protesta que durante todo el año 2024. Así lo denunció un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que relevó 1231 heridos y 132 detenidos en operativos realizados principalmente frente al Congreso Nacional.
El monitoreo de la CPM, basado en 25 movilizaciones recientes, da cuenta de una brutalidad creciente y sistemática, que no distingue entre manifestantes, trabajadores de prensa, referentes de derechos humanos ni menores de edad.
Un operativo sistemático que se repite cada semana
Las escenas se reiteran miércoles tras miércoles frente al Congreso: las fuerzas de seguridad —Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía porteña— montan operativos con más efectivos que manifestantes, cercan las calles, bloquean la circulación y avanzan con violencia desmedida sobre jubilados, militantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
El protocolo impulsado por el Ministerio de Seguridad, creado supuestamente para evitar cortes de calle, genera el efecto contrario: las propias vallas instaladas por las fuerzas terminan bloqueando arterias como Callao y Rivadavia. En ese contexto, las fuerzas arrinconan a los manifestantes en veredas o esquinas, creando “corralitos” que suelen terminar en palazos, gases y detenciones arbitrarias.
Datos alarmantes: heridos, detenidos y causas judiciales sin respuesta
Según el informe de la CPM:
- Se registraron 1231 personas heridas en lo que va del año, contra 1216 en todo 2024.
- Hubo 132 detenciones, frente a las 88 contabilizadas el año pasado.
- Entre los lesionados hay 142 trabajadores de prensa, 20 integrantes de organismos de derechos humanos y 3 menores de edad.
- Las lesiones incluyen quemaduras químicas, traumatismos, heridas contusas, esguinces, síncopes, ataques de pánico y otras consecuencias graves.
- En todas las protestas monitoreadas se registraron tareas de inteligencia ilegal por parte de las fuerzas.
Pese a la gravedad de estos hechos, la respuesta judicial ha sido nula. “La intervención judicial fue inexistente para frenar esta violencia o investigar los hechos más graves, como el ataque al fotógrafo Pablo Grillo”, afirmó Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
Hasta el momento, se presentaron 13 denuncias penales y dos habeas corpus, pero ninguna avanzó lo suficiente para frenar la escalada represiva. “No sólo el Gobierno, también jueces y fiscales que no actúan son responsables de esta violencia estatal que se agrava cada día”, remarcó García.
Las víctimas: del Congreso a la sala de urgencias
El pico represivo se vivió el 12 de marzo, con más de 114 detenidos y centenares de heridos. Algunos casos emblemáticos:
- Pablo Grillo, fotógrafo, herido en la cabeza por un cartucho de gas.
- Beatriz Blanco, jubilada, sufrió una herida abierta en el cráneo.
- Jonathan Navarro, hincha de Chacarita, perdió la visión de un ojo.
Estos hechos, lejos de ser aislados, se repiten con una regularidad preocupante y en un marco de impunidad garantizada por la inacción judicial.
“Los jubilados son la punta del iceberg”
Lejos de intimidarse, las protestas continúan. Cada miércoles, jubilados, curas, militantes y artistas se reúnen frente al Congreso para manifestarse, a pesar del hostigamiento constante.
“El Gobierno reprime porque le sirve a su núcleo duro y porque quiere disciplinar”, dijo el padre Francisco “Paco” Olveira, quien cada semana acompaña la protesta con lectura de poesía incluida.
Para él, las marchas reflejan un malestar creciente: “Los jubilados son la punta del iceberg de un descontento que todavía no aflora del todo, pero que va a salir. Quieren domarnos, pero vamos a seguir en la lucha”, sostuvo.