En los últimos días, la Mesa de Trabajo y Consenso del Centro Clandestino de Detención y Exterminio “AUTOMOTORES ORLETTI” emitió un comunicado para solicitar la expropiación y declaración como patrimonio histórico de los inmuebles situados en la calle Bacacay 3570, en el barrio de Floresta, y en la calle Pomar 4171/73, Pompeya.
En la actualidad, estos tienen una medida de No Innovar, declarada por el Juez Federal Daniel Rafecas, y conformaron con el actual Espacio para la Memoria Ex CCD Automotores Orletti un circuito represivo llamado BOP (Bacacay-Orletti-Pomar). Según se comprobó judicialmente, funcionó como tal entre 1976 y 1977.
Dichos centros clandestinos estaban bajo el control de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y el grupo de tareas que actuaba en ellos estaba bajo las órdenes de Aníbal Gordon, quien formó parte de la Triple A desde 1974 e integró el mencionado organismo hasta 1976.
La historia de Bacacay
El inmueble de la calle Bacacay comenzó a funcionar como Centro Clandestino de Detención (CCD) antes del golpe de Estado y continuó hasta fines de mayo de 1976.
A su vez, junto a Orletti, fue base operativa de la Operación Cóndor, el plan ideado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y las dictaduras militares de la región para el secuestro, interrogatorio, asesinato y desaparición de hombres y mujeres, así como la apropiación de niñes de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil.
En el predio de Bacacay fueron secuestrados y asesinados los parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otras víctimas del Terrorismo de Estado.
En tanto, desde la Mesa afirmaron que allí operaron miembros del ejército uruguayo y agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena.
Por su parte, el inmueble de la calle Pomar comenzó a funcionar como CCD después del desmantelamiento del predio de Automotores Orletti, producto de la fuga de dos personas secuestradas en el mismo.
El CCD de Pomar también fue operado por Aníbal Gordon y su grupo de tareas. Hoy en día, se encuentra en curso una investigación judicial a cargo del Juez Daniel Rafecas, por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar y eclesiástica.
Exigencias
En el escrito se solicita que se expropien y se declaren de utilidad pública dichos inmuebles para transformarlos en sitios de la memoria. De este modo, se colabora con la construcción histórica, social y política del relato de la época más oscura de la historia argentina.
A su vez, se reclama que los inmuebles se conviertan en espacios de enseñanza y aprendizaje para transmitir la historia. Para ello, se pide que se contemple la documentación obtenida en los Juicios de Lesa Humanidad y los testimonios de quienes pasaron por los ex centros clandestinos de detención.
Por último, la Mesa pide que las edificaciones que aún se mantienen en pie sean conservadas en su estado actual para resguardar los elementos testimoniales que le otorgan valor histórico cultural, configurando de este modo la memoria colectiva.