El pasado lunes, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires destituyó de su cargo al ahora ex fiscal federal de San Isidro, Claudio Scapolán.
La resolución tuvo lugar en el anexo del Senado Bonaerense en la ciudad de La Plata, donde se leyó sólo la parte resolutiva con entrega a las partes los fundamentos.
Scapolán está acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados, quienes se dedicaban al robo de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
En un fallo por mayoría, 10 de los 11 miembros del Tribunal votaron por la destitución de Scapolán. La senadora Sofía Vannelli (Frente Renovador – Todos) fue la única que se opuso, según informó la agencia de noticias Télam.
El funcionario ya se encontraba suspendido de su cargo desde el 22 de diciembre del año pasado, por nueve votos contra uno, por la acusación del procurador Julio Conte Grand. Por entonces, se le dispuso el embargo del 40% de su salario como funcionario público.
Tras la decisión de ayer, además de la suspensión íntegra de su sueldo, quedó inhabilitado para ocupar cargos públicos y deberá pagar las costas del proceso judicial.
El Jury estuvo encabezado por Ana María Bourimborde, presidenta de la Cámara Primera en lo Civil y Comercial de La Plata, tras que se hayan excusado por haber intervenido en anteriores etapas del proceso los jueces de la Suprema Corte provincial y de la Cámara de Casación.
La investigación y las conclusiones
La primera denuncia contra Scapolán data de 2016 y fue realizada por Elisa Carrió. Luego se sumó la que llevó adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
En total, el ex fiscal está acusado de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada y sustracción de medio de prueba.
A esos se le suman: tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Por estos delitos, hay 32 personas procesadas para ir a juicio oral ante los Tribunales Federales. Entre ellas, policías de las Departamentales de Investigación del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro y Quilmes, abogados que habrían facilitado los mecanismos extorsivos y falsos testigos.
Para la jueza, esta banda que estaría liderada por Scapolán actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.
A partir de esta investigación, se calcula que la banda robó 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos entre 2013 y 2015.
En su defensa, Scapolán alegó que todo se trata de “meras suposiciones”, mientras que desligó la responsabilidad en el personal policial que intervino en los procedimientos investigados.