El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, procesado desde el año pasado por ser considerado jefe de una asociación ilícita que se dedicaba al armado de causas, extorsión y narcotráfico, lo apartaron de manera preventiva por el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires. La decisión se resolvió ayer por 9 votos contra 2.
La causa judicial inició en 2016 a instancias del fiscal federal Fernando Domínguez y bajo la órbita del Juzgado en lo Criminal y Correccional 1 de San Isidro a cargo de Sandra Arroyo Salgado, basándose en hechos que habrían ocurrido al menos entre 2013 y 2015. Anteriormente en el mismo año, la ex diputada Elisa Carrió realizó la primera denuncia contra el fiscal procesado.
La Comisión Por la Memoria (CPM), querellante institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia, había presentado durante los últimos días un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la arbitraria e infundada recusación de la jueza Arroyo Salgado. De esta manera, a su vez, evitar la proliferación de maniobras dilatorias, demoras innecesarias y entorpecimiento procesal por parte de las defensas de les imputades.
El apartamiento preventivo resuelto por el Tribunal de Enjuiciamiento es un paso previo a la suspensión y reducción del 40% del sueldo. El proceso seguirá su curso con una próxima sesión que deberá tratar la admisibilidad de la acusación, lo cual podría terminar con la destitución, la pérdida de fueros y la detención inmediata.
El procesamiento
En 2019 se abrió competencia en el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense y Julio Grand, procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, efectuó la acusación. Hasta julio de 2020, Scapolan estuvo al frente del Área Ejecutiva de Investigaciones Criminales de San Isidro. El 24 del mismo mes, se hizo pública la citación a prestar declaración indagatoria del fiscal. Sin embargo, no se pudo avanzar en el proceso por la pandemia hasta ahora que la institución resolvió el apartamiento preventivo.
El fiscal Domínguez, a cargo de la investigación expresó: “Se espera de los funcionarios policiales y judiciales una conducta acorde con su rol social”.
Además, agregó que “la sola idea de que una organización criminal esté conformada por quienes sean autorizados por el Estado a utilizar el monopolio de la fuerza física legítima, intranquiliza, genera conmoción y mina la paz social que aquellos deben garantizar”.
Cuando al fiscal procesado lo indagaron en marzo del año pasado sostuvo que la causa había sido “montada desde su origen, en forma absolutamente ilícita” con el único objetivo de su persecución “por intereses espurios y designios siniestros” que todavía no pudo descubrir. En esta línea, se declaró inocente y acusó a Arroyo y Domínguez de haber desatado una “cacería” en su contra.
La causa
Scapola está acusado de llevar adelante una asociación ilícita formada por una banda de policías que secuestraban droga en los operativos narco y se la quedaban para comercializar luego. Al momento de ser procesado, la jueza Arroyo trabó sobre los bienes del fiscal un embargo de dos mil millones de pesos.
Una de las imputaciones es el robo de parte del cargamento de cocaína del operativo Leones Blancos, a fines de diciembre de 2013. En la presentación del golpe contra el narcotráfico se informó de la incautación de 600 kilos de cocaína; Scapolan, fiscal a cargo de la cocaína secuestrada y estuvo presente Daniel Scioli, el entonces gobernador bonaerense.
Arroyo, en aquella resolución, procesó a Scapolán por diez delitos, entre ellos el ser jefe de una asociación ilícita; instigador de falso testimonio agravado; uso de documento público falso; falsedad ideológica de documento público reiterada; sustracción de medio de prueba; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada; cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal; extorsión; abuso de autoridad; e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los que votaron en contra
Les legisladores que votaron en contra del apartamiento preventivo fueron la senadora Sofia Vannelli del Frente de Todos y el diputado Walter Carusso perteneciente al partido de la UCR. Mientras que a favor, levantaron la mano les representantes del bloque de Juntos: Daniel Lipovetzky, el senador Juan Pablo Allan, la diputada María Eugenia Brizzi; cinco abogades y la jueza Ana María Bourimborde, que preside el Tribunal de Enjuiciamiento.
Por otro lado, la CPM presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la arbitraria e infundada recusación de la jueza Arroyo. Según el organismo, es injustificado el apartamiento de la jueza, dictado por la Cámara de Apelaciones de San Martín y confirmado por la Cámara de Casación Penal Federal en diciembre del año pasado.