El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) comunicó que 8.8 millones de niñes se encuentran en situación de pobreza o privades de sus derechos básicos. Los datos fueron presentados el pasado miércoles 15 por medio de un informe titulado: “Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina”.
El trabajo multidimensional sobre la pobreza fue elaborado en base a datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además de los derechos fundamentales mencionados, el informe añade otros como el acceso a baños adecuados, protección social y a un hábitat seguro.
En este sentido, el indicador de la EPH mostró que, durante el primer semestre de 2022, el 51,5% de les niñes fueron pobres por ingresos. Esto significa que viven en hogares con recursos que no alcanzan a cubrir la Canasta Básica de Alimentos (CBA) más otros servicios que conforman, finalmente, la Canasta Básica Total (CBT).
Si a estos datos se suman las “privaciones no monetarias” (derechos básicos), la cifra se eleva al 66% las infancias del país. Es decir, que 2 de cada 3 niñes se encuentran en estado de pobreza o privados de esos derechos considerados fundamentales por los organismos internacionales.
Las cifras de las pobrezas superpuestas
Del universo total de niñes y adolescentes que enfrentan estas carencias, el 28% (3,7 millones) padecen ambos tipos de privaciones. De manera que, 3 de cada 10 niñes se encuentran en hogares con ingresos pobres y tienen al menos un derecho fundamental vulnerado. Acorde al informe de UNICEF, este escenario se mantiene desde hace más de seis años.
En este contexto, más de la mitad de las personas menores a 18 años del país viven en familias con ingresos insuficientes para acceder a una Canasta Básica Total. Además, un 13,2% habitan hogares extremadamente pobres o indigentes, esto es con recursos menores a los necesarios para acceder a la Canasta Básica de Alimentos.
Estimados en números absolutos, estas cifras equivalen a 6,8 millones de menores comprendidos en la pobreza por ingreso. En tanto, 1,7 millones de ellos enfrentan una pobreza monetaria extrema. Durante el período 2016 y 2022, estos indicadores se elevaron en un punto respecto del primero y en tres puntos correspondiente al segundo indicador.
En el estudio se analizan dimensiones referidas a los ingresos monetarios y a otras dimensiones no monetarias vinculadas al ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. Los mismos son considerados en la Convención de los Derechos del Niño y, a partir de los datos oficiales, el organismo combina las dos estimaciones de pobreza mencionadas.
La necesidad de políticas públicas
Durante el acto de presentación del informe, que tuvo lugar en la sede de la entidad situada en el barrio porteño de Retiro, representantes de UNICEF sostuvieron que la pobreza monetaria “se encuentra en niveles persistentemente elevados”. Sin embargo, afirmaron que desde el final de la pandemia se registra un descenso de la misma.
Les referentes del organismo atribuyen este descenso, en parte, a la ampliación y profundización por parte del estado de los distintos programas de seguridad social. Además, afirmaron que, sin este sostenimiento los niveles de ambos tipos de pobrezas, a veces superpuestas, habrían alcanzado valores elevadísimos.
A partir de este marco, UNICEF elaboró una serie de recomendaciones para repensar las políticas públicas en torno a varios objetivos: apuntar a un crecimiento inclusivo, acelerar programas para al acceso a derechos educativos, alimentarios, de salud y de obras e infraestructura.
Asimismo, se subrayó que “fortalecer las políticas de protección de ingresos destinadas a niñas, niños y adolescentes, asegurando una cobertura efectivamente universal y no condicionada, resulta fundamental”. La pobreza infantil cae al 32% en los casos de hogares cuyos miembros tienen ocupación formal, pero en familias con trabajadores no registrados es del 60%.