La Sala I de la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a continuar con el pago de las prestaciones del programa Volver al Trabajo.
Con esta resolución, el Gobierno nacional queda habilitado para interrumpir, desde agosto, el complemento de ingresos que perciben más de 900.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular, quienes hasta ahora integraban este esquema de asistencia.
El tribunal sostuvo que el programa contaba con un plazo de vigencia de 24 meses, argumento que había sido planteado por el Estado nacional para justificar la finalización de la prestación.
Qué es el programa Volver al Trabajo
El programa Volver al Trabajo surgió tras la reorganización del ex Potenciar Trabajo, implementada por el Gobierno nacional durante 2024. La reforma dividió a los beneficiarios en dos programas: Volver al Trabajo, destinado a personas de entre 18 y 65 años con posibilidades de inserción laboral, y el Programa de Acompañamiento Social, orientado a sectores considerados de mayor vulnerabilidad.
De acuerdo con el informe presentado, el programa concentra 929.677 titulares, lo que representa más del 80% del universo de beneficiarios del ex Potenciar Trabajo.
El alcance del programa en la economía popular
El documento señala que actualmente existen 1.131.159 personas incluidas en los programas derivados del ex Potenciar Trabajo y sostiene que el universo de beneficiarios refleja la magnitud de la economía popular en Argentina.
Asimismo, indica que el Salario Social Complementario (SSC) permanece congelado en $78.000 desde noviembre de 2023, situación que habría provocado una pérdida estimada del 74% del poder adquisitivo debido al proceso inflacionario.
Según el informe, el costo anual del programa representa alrededor del 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que considera que su impacto fiscal es reducido en comparación con el alcance social de la política pública.
Qué implicaría el fin del pago
El informe advierte que la suspensión del programa podría afectar los ingresos de miles de hogares y repercutir en las economías locales, especialmente en barrios donde el consumo cotidiano depende, en parte, de estos recursos.
También sostiene que la interrupción del beneficio tendría efectos sobre pequeños comercios y unidades productivas de la economía popular, al reducir el flujo de dinero destinado al consumo básico.
Los desafíos que plantea el informe
Entre las conclusiones, el documento propone fortalecer las políticas públicas dirigidas a la economía popular mediante la recuperación del poder adquisitivo del Salario Social Complementario, la formalización laboral con derechos y el impulso de programas de desarrollo productivo para cooperativas y emprendimientos comunitarios.
Además, sostiene que la economía popular constituye un componente estructural del mercado laboral argentino y que las políticas de transferencia de ingresos continúan siendo un complemento relevante para más de un millón de trabajadores y trabajadoras.
Un debate que continúa abierto
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en la discusión sobre las políticas sociales y laborales implementadas para la economía popular.
Mientras el fallo habilita al Gobierno nacional a discontinuar el pago del programa Volver al Trabajo, distintos sectores sostienen que la medida podría tener consecuencias sobre los ingresos de cientos de miles de familias y sobre la actividad económica en los barrios más vulnerables.