El juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, resolvió que la demanda presentada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) contra dos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral deberá tramitar como una acción colectiva.
La decisión reconoce al CPACF como representante de los abogados y abogadas matriculados que litigan en el fuero laboral, al considerar que existe un grupo de profesionales potencialmente afectado por las modificaciones introducidas en la normativa.
Si bien el magistrado aún no se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados ni sobre la medida cautelar solicitada, ordenó la inscripción del expediente en el Registro de Procesos Colectivos y dispuso que el trámite continúe de forma independiente de otra causa iniciada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Qué artículos de la reforma laboral están en discusión
La demanda impugna los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802, sancionada por el Congreso el 27 de febrero, promulgada el 5 de marzo y publicada posteriormente en el Boletín Oficial.
Uno de los puntos cuestionados incorpora el concepto de pluspetición inexcusable, estableciendo que, cuando un reclamo laboral presente una sobreestimación objetiva de los créditos reclamados, tanto el trabajador como su abogado deberán responder solidariamente por las costas judiciales.
Según el CPACF, esta disposición podría limitar el ejercicio profesional al obligar a los abogados a extremar los cálculos económicos de las demandas bajo el riesgo de afrontar personalmente los costos del proceso.
Preocupación por el pago de honorarios en cuotas
El segundo artículo cuestionado modifica el sistema de cumplimiento de las sentencias laborales.
La nueva normativa permite que las grandes empresas paguen las condenas judiciales en hasta seis cuotas mensuales, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas podrán hacerlo en hasta doce cuotas.
Desde el Colegio Público sostienen que esta medida impacta directamente en los honorarios profesionales, ya que los abogados laboralistas suelen percibir su remuneración una vez finalizados procesos judiciales que, en muchos casos, se extienden durante varios años.
La presidenta del CPACF, Alejandra García, afirmó que el pago en cuotas desconoce el carácter alimentario de los honorarios y prolonga aún más los tiempos de cobro para quienes ejercen la profesión.
Por qué el juez aceptó la acción colectiva
Antes de avanzar con el análisis constitucional, el juez debía determinar si el Colegio tenía legitimación para representar a todos los abogados alcanzados por la norma.
Para ello aplicó los criterios establecidos por la Corte Suprema en el precedente «Halabi», que habilita las acciones colectivas cuando un mismo hecho afecta a un conjunto de personas con intereses comunes y resulta poco práctico que cada una impulse una demanda individual.
Cormick concluyó que esos requisitos se cumplen en este caso, ya que todos los abogados laboralistas matriculados en el CPACF podrían verse alcanzados por las disposiciones cuestionadas.
Una causa distinta de la presentada por la CGT
Durante el proceso surgió que la CGT ya había promovido otra acción colectiva contra diversos artículos de la misma reforma laboral, incluyendo los dos ahora cuestionados por el Colegio Público.
Sin embargo, el juez rechazó unificar ambos expedientes al considerar que representan intereses jurídicos diferentes.
Mientras la CGT litiga en representación de los trabajadores, el CPACF centra su reclamo en las consecuencias que la reforma tendría sobre el ejercicio profesional de los abogados, el cobro de honorarios, el derecho de propiedad y el principio de igualdad respecto de otros profesionales del derecho.
Por ese motivo, ambas causas continuarán su trámite por separado.