Cada 8 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, una fecha que busca recordar los abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y el aparato estatal. Este día, instaurado por la Ley 26.811, tiene como fin además promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad respetuosas de los DD.HH.
Este año, la jornada se da en un contexto de incremento de la represión, el gatillo fácil y las muertes bajo custodia, según advirtió un reciente informe de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
Enfrentamos al gobierno más represor de la democracia.
Los datos más relevantes del informe de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983.
El 10% de casos corresponden al gobierno de LLA.
Podés ver el informe completo en https://t.co/Y5ifQDwXZg pic.twitter.com/iijqkk6y9X— CORREPI (@CORREPI) March 20, 2026Quiero colaborarPeriodismo que cuenta historias realesCada nota que leés existe gracias a quienes eligen apoyar el periodismo independiente.
De acuerdo al relevamiento, desde el retorno de la democracia hasta enero de 2026 se registraron 10.181 personas asesinadas por el aparato represivo estatal. De ese total, 1.056 ocurrieron desde el 10 de diciembre de 2023, inicio de la gestión de La Libertad Avanza. El informe sostiene que, en apenas dos años, el actual gobierno concentra más del 10% de las muertes registradas en más de cuatro décadas de democracia.
La organización detalló que bajo la presidencia de Javier Milei se registraron 30 casos de muertes ocasionadas por el aparato represivo estatal en diciembre de 2023; 511 en 2024; 507 en 2025 y 8 en los primeros días de enero de 2026. Al respecto, aclararon que “a los datos de 2025 le falta el total de muertes bajo custodia”.
“Si proyectamos esta cifra a los dos años de gestión que faltan, vemos que estaremos por encima de los peores guarismos registrados por la gestión de Mauricio Macri (18.93% con 1.927 casos en 4 años y la de Alberto Fernández que lo superaba apenas con el 19% y 1.929 casos en 4 años, teniendo en cuenta que en esa gestión fueron muchos menos los casos de gatillo fácil, pero la enorme incidencia del COVID en lugares de detención produjo récord absoluto de muertes bajo custodia)”, sostuvieron.
A su vez, CORREPI denunció un “cambio de régimen” basado en el endurecimiento de políticas de seguridad, la ampliación de facultades para las fuerzas y el avance de reformas legislativas que, aseguran, apuntan a criminalizar la protesta social y garantizar impunidad para efectivos involucrados en hechos represivos.
Otro de los ejes centrales es el crecimiento de los casos de gatillo fácil. CORREPI registró 285 fusilamientos desde diciembre de 2023 y atribuyó el incremento a la reinstalación de protocolos impulsados por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que alentaron la actuación sin límites para las fuerzas de seguridad.
De acuerdo al informe, las nuevas normativas habilitan disparar incluso ante sospechas subjetivas de peligro, incluso si la persona está desarmada o huyendo. “Nunca un gobierno llegó tan lejos en la expresa legitimación del gatillo fácil como política de Estado”, señala el documento.
Por otro lado, el informe enfatiza en el crecimiento de la población carcelaria y las muertes bajo custodia. CORREPI registró 715 muertes bajo custodia durante la gestión libertaria y advirtió que la cifra podría aumentar cuando se publiquen los datos oficiales completos de 2025. Las principales causas relevadas incluyen incendios en lugares de encierro, falta de atención médica, torturas y hechos violentos dentro de cárceles y comisarías.
El documento también destaca que los jóvenes son las principales víctimas de la violencia institucional: el 40% de las personas asesinadas tenía entre 15 y 25 años. Además, durante los primeros 25 meses del actual gobierno se registraron 38 femicidios, travesticidios y transfemicidios cometidos por integrantes de fuerzas de seguridad.
En medio de un escenario de creciente conflictividad social y endurecimiento de las políticas de seguridad, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional vuelve a convertirse en una jornada de denuncia, memoria y reclamo de justicia frente a los abusos cometidos por el aparato represivo estatal.