El Gobierno nacional confirmó que abonará en mayo el pago correspondiente al programa Volver al Trabajo, luego de que una medida cautelar dictada por la Justicia federal ordenara mantener vigentes las prestaciones. La decisión implica un retroceso del Ejecutivo, que había anunciado la eliminación del plan para reemplazarlo por un sistema de vouchers.
El fallo, emitido por el Juzgado Federal de Campana, obliga al Estado a sostener el programa hasta que exista una sentencia definitiva. La asistencia consiste en un ingreso mensual de $78.000, destinado a más de 900 mil trabajadores informales.
Liquidación autorizada por más de $72 mil millones
En cumplimiento de la resolución judicial, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, encabezada por Julio Gabriel Cordero, autorizó la liquidación de fondos necesarios para concretar el pago del beneficio. El monto total supera los $72 mil millones, que serán transferidos a los titulares a través del Banco Nación.
De acuerdo con información oficial, la medida alcanza a más de un millón de personas que habían sido trasladadas desde el antiguo programa Potenciar Trabajo. En ese marco, se informó que 1.012.357 beneficiarios fueron incorporados a Volver al Trabajo, mientras que otros 260.911 pasaron al Programa de Acompañamiento Social.
El Gobierno cumplirá el fallo, pero insistirá con la apelación
Aunque el Ejecutivo avanzará con el pago, también dejó en claro que buscará revertir la medida judicial. En los considerandos de la resolución administrativa, se remarcó que el cumplimiento de la orden no implica una modificación del marco normativo vigente ni un cambio de postura política.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, señalaron que apelarán el fallo y cuestionaron que el Poder Judicial intervenga en la definición de políticas públicas.
En esa línea, fuentes oficiales sostuvieron que la cautelar frena, al menos de manera provisoria, el redireccionamiento presupuestario hacia otros programas impulsados por el Gobierno.
Un amparo colectivo que frenó la eliminación del plan
El conflicto se originó tras la presentación de un amparo colectivo, en el que se cuestionó la interrupción del programa y la suspensión de las prestaciones. La Justicia consideró que la eliminación del ingreso podía provocar un perjuicio inmediato en una población atravesada por la precariedad laboral y el deterioro económico.
El expediente judicial fue caratulado como “LEDESMA, ANDREA LILIANA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO s/AMPARO COLECTIVO”, y fue tramitado ante el juzgado de Campana.
El juez Adrián González Charvay determinó que el Estado debía sostener las transferencias económicas hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
El plan de vouchers y las críticas al recambio de política social
La propuesta original del Gobierno consistía en reemplazar Volver al Trabajo por un sistema de vouchers destinados a financiar capacitaciones en empresas u organizaciones, con el argumento de facilitar la inserción laboral.
Sin embargo, la iniciativa fue cuestionada por organizaciones sociales y sindicales, que señalaron la falta de garantías reales para asegurar empleo en un contexto de aumento del desempleo y recesión económica.
Movilizaciones y reclamos en todo el país
La intención oficial de eliminar el programa generó protestas en distintos puntos del país. Entre las organizaciones que encabezaron las movilizaciones se destacó la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que denunció el recorte bajo la consigna: “Trabajo sin salario es esclavitud”.
Desde ese espacio sostuvieron que el pago de mayo es consecuencia directa de la presión social y de la organización colectiva. “Gracias a la lucha en la calle logramos la cautelar que obliga a seguir pagando el programa a los trabajadores más humildes”, expresaron.
Un programa en debate y un futuro aún abierto
Si bien el Gobierno cumplirá con el pago correspondiente a mayo, el futuro del programa Volver al Trabajo sigue abierto y dependerá de la resolución judicial definitiva. Mientras tanto, la cautelar funciona como un límite temporario a la política de ajuste del Ejecutivo, que continúa buscando reformular el esquema de asistencia social.
Por el momento, la medida garantiza la continuidad del ingreso para cientos de miles de personas que dependen del beneficio como sustento mínimo en un contexto económico adverso.