
Las paradas colmadas, las demoras prolongadas y los colectivos saturados se volvieron parte del paisaje cotidiano en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pocos días de aplicarse un nuevo aumento del 5,4% en el boleto, que llevó la tarifa mínima a $753,74, cámaras empresariales alertaron que el sistema se encuentra al borde de ser declarado en emergencia debido a una combinación de recortes, falta de unidades y una deuda estatal millonaria.
Según indicaron las entidades del sector, el Estado mantiene una deuda superior a $128 mil millones en concepto de compensaciones. Además, denunciaron que tanto Nación como Provincia no brindaron definiciones claras sobre cómo se cubrirán los mayores costos generados por el aumento del gasoil y otros insumos esenciales.
Menos colectivos en la calle: la flota se achica año tras año
De acuerdo con un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la cantidad de colectivos en circulación en el AMBA cayó de forma sostenida en los últimos años.
En números concretos, en noviembre de 2019 circulaban 19.348 unidades, mientras que en marzo de 2026 el número bajó a 16.989, es decir, casi 2.500 micros menos. Esto representa una disminución cercana al 12%, una tendencia que impacta directamente en la frecuencia y en la capacidad de respuesta del servicio.
Desde el sector empresario sostienen que la caída en la cantidad de unidades se profundizó en abril, cuando se aplicó un recorte del 40% en la circulación como medida de presión ante la falta de respuestas oficiales.
El boleto subió más de 1200% mientras el servicio se deteriora
En paralelo al descenso en la cantidad de unidades activas, el costo del boleto registró un aumento superior al 1200% en algo más de seis años. Esto ocurrió incluso en un escenario donde las empresas continuaron recibiendo subsidios, aunque con recortes y demoras en los pagos.
El resultado, según advierten usuarios y especialistas, es un servicio con menos frecuencia, más tiempo de espera y unidades sobrecargadas, especialmente en horarios pico.
Subsidios fragmentados y una deuda que sigue creciendo
El informe de la UBA también puso el foco en la compleja administración del esquema de subsidios, que se reparte entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa superposición de responsabilidades genera desajustes que afectan la eficiencia del sistema y dificultan una planificación uniforme.
El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el deterioro del servicio se profundizó principalmente por el aumento del precio del combustible.
Según señaló, los mayores costos no fueron compensados de manera inmediata ni con subsidios ni con actualizaciones tarifarias. Además, se acumuló deuda vinculada al subsidio social destinado a jubilados, que rondaría los $80 mil millones.
Micros más viejos y menos kilómetros recorridos
Uno de los efectos directos del desfinanciamiento, de acuerdo al relevamiento académico, es la postergación de la renovación de flota. Frente a la falta de fondos, las empresas primero retrasan el recambio de unidades y luego reducen los colectivos activos.
Esto deriva en un parque automotor más envejecido, con mayores fallas mecánicas y menos kilómetros recorridos, lo que se traduce en un servicio más limitado y menos confiable.
A su vez, desde 2024 el esquema de subsidios se fragmentó aún más al dividirse por jurisdicciones, lo que profundizó las desigualdades operativas.
Paros y conflictos laborales: líneas afectadas en Zona Norte
En medio de este panorama, este martes 28 algunas líneas dejaron de prestar servicio por un conflicto salarial. Se trata de las líneas 707, 333, 407 y 437, pertenecientes a la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A., que circulan en la zona norte del conurbano bonaerense.
Los trabajadores llevan adelante un paro por salarios adeudados, una medida que ya se extiende por más de una semana y que volvió a exponer la fragilidad del sistema.
Un sistema al límite y con advertencias de nuevos recortes
Según el informe, muchas líneas de colectivos en el AMBA operan al 70% de su capacidad, debido a la reducción de frecuencias implementada por las empresas desde principios de mes, en un contexto de aumento del gasoil y tensión internacional por la guerra en Medio Oriente.
Las cámaras empresariales advirtieron que, si no se alcanza una solución con el Gobierno, podría haber un recorte aún mayor del servicio.
El escenario se agravó el 9 de abril, cuando la disminución de frecuencia coincidió con un paro de la UTA, en reclamo por el pago de salarios. Si bien el Ejecutivo giró un anticipo de subsidios que permitió recomponer parcialmente el funcionamiento, la normalización fue dispar según la situación financiera de cada empresa.
Un transporte público cada vez más caro y con menos respuestas
El informe concluye que, sin medidas estructurales, el deterioro continuará. Con menos unidades en circulación, tarifas en alza y un esquema de subsidios desordenado, el transporte público del AMBA atraviesa una crisis que impacta directamente en la vida diaria de millones de personas.
En ese contexto, el sistema se encamina hacia un escenario crítico: más tiempo de espera, colectivos abarrotados y un servicio cada vez más limitado, pese a que viajar cuesta cada vez más.

