El Gobierno porteño anunció un protocolo de actuación en establecimientos educativos frente a la serie de amenazas de tiroteos que tuvieron lugar en distintas escuelas de la ciudad. Las autoridades también mencionaron que se dispusieron medidas de control y supervisión ante lo que describieron como hechos graves que no deben naturalizarse.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló en conferencia de prensa que “las amenazas no son una broma pesada, sino un delito”. Además, remarcó que desde el primer momento se aplicó el protocolo del Ministerio de Educación para este tipo de situaciones. “No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida y el ritmo escolar”, sostuvo.
Según detalló el Ejecutivo porteño, tres episodios concretos derivaron en operativos policiales, uno fuera de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, y son investigados por el Poder Judicial para determinar responsabilidades de estudiantes y adultos involucrados.
Ante las alertas se coordinaron acciones entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A su vez, se activó el “Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes”, que establece criterios de intervención para resguardar la integridad física y psicosocial de la comunidad educativa.
Por otra parte, Macri también se refirió al rol de las familias y el impacto de las redes sociales en este tipo de conductas. “Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como espacio de reproducción de violencia. Hay algo irremplazable: la conversación en casa”, afirmó. En ese sentido, pidió mayor diálogo, escucha y acompañamiento a los adolescentes.
El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el fiscal general de la Ciudad, Martín López Zavaleta, quien informó que se implementó un esquema de coordinación inmediata que permite avanzar en cada caso puntual. Según sus palabras, la identificación y eventual responsabilización de los autores cumple una función preventiva indispensable, ya que desalienta la reiteración de estas conductas al demostrar que existen consecuencias legales reales.
Desde el área educativa, la ministra Mercedes Miguel explicó que la respuesta institucional se articula bajo tres ejes: seguridad, formación y reparación. El primero está vinculado a la investigación del delito, mientras que el eje de formación aborda la falta de dimensión que algunos adolescentes tienen sobre la gravedad de escribir mensajes de violencia en entornos digitales. El último establece que las sanciones aplicadas dentro del ámbito escolar deben tener un sentido educativo que permita al estudiante comprender el daño causado a la comunidad y trabajar para enmendarlo.
Para finalizar, las autoridades destacaron que la respuesta ante las amenazas combinará el cumplimiento de los protocolos de seguridad con el acompañamiento pedagógico. Además, reafirmaron su compromiso para trabajar de manera conjunta en la protección de la integridad y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.