La sesión fue agitada desde el vamos. Apenas comenzó el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, y de Asuntos Constitucionales, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro tomó la palabra para cuestionar algo que, según él, viciaba el debate de origen: la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y sobre todo la ausencia de voces críticas entre los invitados.
El oficialismo, acusó, había convocado «solamente a los representantes de provincias cordilleranas de futuros proyectos mineros o exploración». Sabrina Selva y Romina Del Plá, de Unión por la Patria, adhirieron al planteo.
La protesta no frenó el avance. Con ese clima de tensión como telón de fondo, las comisiones completaron primero la designación de autoridades: en Recursos Naturales, Selva quedó como vicepresidenta primera; Soledad Molinuevo de La Libertad Avanza como vicepresidenta segunda; y la radical Pamela Verasay como secretaria primera. En Asuntos Constitucionales, presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz, Diego Giuliano accedió a la vicepresidencia primera y Diógenes González a la segunda.
Luego llegó lo que el oficialismo esperaba: el dictamen de mayoría para la modificación de la Ley de Glaciares sumó 37 firmas. Votaron a favor los 27 diputados de La Libertad Avanza, a los que se sumaron cuatro del Pro, Javier Sánchez Wrba, Florencia de Sensi, Emmanuel Bianchetti y Alicia Fregonese, dos de la Unión Cívica Radical, Diógenes González y Pamela Verasay, los misioneros Yamila Ruiz y Alberto Arrúa de Innovación Federal, el sanjuanino Carlos Jaime Quiroga de Producción y Trabajo, y Fernanda Ávila de Elijo Catamarca.
La oposición respondió con tres dictámenes de rechazo. El de Unión por la Patria reunió las firmas de los 23 vocales del bloque. El de Provincias Unidas fue rubricado por María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Carolina Basualdo, Juan Brügge y Pablo Farías. El de la Coalición Cívica lo firmó el propio Ferraro, en solitario.
El proyecto llega este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados desde las 15, en busca de la sanción definitiva. La aprobación en el Senado había sido el 26 de febrero.
GLACIARES: VIDA O NEGOCIOS
— Vanesa Siley (@Vsiley) April 7, 2026
La Ley de Glaciares se sancionó en 2010 para proteger estas áreas, que cumplen funciones vitales: son fuente esencial de agua, recargan cuencas hidrográficas y sostienen ecosistemas. Es una ley preventiva, porque un glaciar no se regenera y el daño es… pic.twitter.com/Obkl0evvhq
«Sin minería no va a haber futuro»
Antes de que las comisiones pasaran a la firma, el plenario escuchó una ronda de exposiciones que el oficialismo organizó con figuras de las provincias mineras.
El primero en hablar fue el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que reiteró su postura a favor de la reforma y lanzó una frase que resumió el espíritu de los expositores del día: «Sin minería no va a haber futuro».
Orrego también defendió las capacidades institucionales de su provincia —»tenemos un consejo provincial del agua», señaló y sostuvo que ningún gobernador de la Mesa del Cobre y del Litio propuso cambiar «el objeto ni los estándares de calidad» de la ley original.
Lucero, el secretario de Minería, fue más confrontativo con la oposición. «El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar», afirmó. Y apuntó directamente contra los críticos de la reforma: «Los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales».
Para Lucero, la clave del debate es el federalismo. «Las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado», subrayó, y añadió con ironía: «No puedo creer que haya gente que se raje las vestiduras porque se reconozca a las provincias para estudios de impacto ambiental».
La Ley de Glaciares, a un paso de ser modificada
Aunque se esperaba la presencia virtual del gobernador catamarqueño Raúl Jalil, eso no ocurrió. En su lugar expuso Teresita Regalado, ministra de Minería de Catamarca, quien apoyó sus argumentos en una presentación con proyecciones.
Regalado habló de la experiencia provincial en evaluación de impacto ambiental, de la escucha a ONG ambientalistas, de los procesos de participación ciudadana y de los monitoreos en cuencas hídricas con «datos propios» que luego se cotejan con los que presentan los concesionarios mineros.
Mencionó también la existencia de «seis centros de control, sub-sedes del Ministerio de Minería» donde se garantiza «la efectiva participación ciudadana continua». Su conclusión fue terminante: «Es factible desarrollar actividades vinculadas con ambientes glaciares y periglaciares bajo estándares adecuados de control, fiscalización y gestión ambiental».
La última en exponer fue Jimena Latorre, exdiputada nacional y actual ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, que reclamó un debate «serio y de calidad» y dejó una frase de tono más filosófico: «La arbitrariedad técnica es más peligrosa que la arbitrariedad política».
Como sus pares, criticó que desde afuera de las provincias se cuestione su capacidad de gestión: «Nos molesta mucho a los provincianos que digan qué provincias tienen competencia para ejecutar políticas de gestión en el cuidado de los recursos». Y cerró con un diagnóstico pesimista sobre la historia argentina: «El peor de los pecados que cometimos en Argentina fue dejar de explorar».
La batalla, sin embargo, recién empieza. Este miércoles, en el recinto, se verá si los números del oficialismo alcanzan para convertir la reforma en ley. Por ahora, todo parece indicar que sí.