La Asociación de Trabajadores del Estado de Capital (ATE Capital), denunció la implementación de un sistema de control de asistencia virtual dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aseguró que la medida obliga a las y los empleados estatales a utilizar sus dispositivos personales para registrar la jornada laboral mediante geolocalización, lo que, según el gremio, constituye una violación a derechos constitucionales.
De acuerdo con el sindicato, la decisión fue impuesta de manera unilateral por la administración que encabeza Jorge Macri y establece que los trabajadores deben fichar diariamente utilizando teléfonos móviles, computadoras o tablets propias. El sistema exige además la activación obligatoria del GPS y la carga previa de domicilios y franjas horarias.
Ante esta situación, el área legal de ATE Capital envió una carta documento a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda con el objetivo de frenar lo que definieron como un mecanismo de vigilancia y una forma de precarización laboral, en línea con el ajuste permanente que vienen aplicando la gestión de Jorge Macri.
Desde la organización sindical sostienen que la imposición del sistema resulta anticonstitucional por distintos motivos. En primer lugar, señalan que el mecanismo accede de forma permanente a datos sensibles del dispositivo personal, como la ubicación en tiempo real y los movimientos cotidianos, lo que convierte al teléfono privado en una herramienta de vigilancia continua.
El control, con los costos a cargo de los trabajadores
Según el planteo del gremio, la geolocalización permanente permite revelar aspectos íntimos de la vida personal de los trabajadores, entre ellos hábitos, relaciones e información privada, sin consentimiento libre ni criterios de proporcionalidad. En ese sentido, recordaron antecedentes judiciales como la suspensión del sistema de reconocimiento facial biométrico implementado por el Gobierno porteño, que fue frenado por la Justicia de la Ciudad en 2025 por considerarlo invasivo en términos de privacidad.
ATE Capital también cuestionó que el Estado obligue a los trabajadores a utilizar recursos propios para cumplir con el sistema de control. El uso del teléfono personal implica asumir costos de datos móviles, batería y conectividad sin que exista provisión de herramientas laborales adecuadas ni compensación económica.
“Nadie puede garantizar el 100% de operatividad de un dispositivo personal: fallos de batería, falta de señal GPS o robo, algo común en el trabajo de campo, pueden generar ausentismo y descuentos injustificados automáticos”, explicó Romina Piccirillo, secretaria de Comunicación del gremio y referente en la Ciudad.
Para el sindicato, esta situación configura una forma de expropiación indirecta de bienes privados y una carga desproporcionada sobre el trabajador.
La dirigente también advirtió que el sistema desconoce la naturaleza muchas veces imprevisible de las tareas estatales. Entre ellas mencionó las visitas domiciliarias, acompañamientos urgentes en hospitales, la atención a personas en situación de vulnerabilidad y la coordinación de reuniones en distintas instituciones.
“Obligar a prever y cargar ubicaciones con días de antelación obstaculiza el trabajo efectivo y genera descuentos injustificados masivos”, sostuvo Piccirillo. Según indicó, situaciones similares ya se registraron en 2024 con trabajadores afectados por fallos en sistemas de control anteriores y por el colapso de las áreas administrativas encargadas del presentismo.
En ese marco, ATE Capital intimó formalmente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos a abstenerse de implementar cualquier sistema de control de asistencia que obligue al uso de dispositivos personales o mecanismos de geolocalización que no contemplen la realidad del trabajo en los organismos públicos.
Asimismo, el gremio reclamó que cualquier modificación en los sistemas de control de presentismo sea discutida en el ámbito paritario correspondiente y con la participación de las entidades sindicales.