El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe acerca de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN), la cual inició 2026 con una fuerte contracción del gasto. Según el estudio, en enero la ejecución registró una caída real del 22% en comparación con el mismo mes de 2023. El ajuste recayó en áreas sensibles como salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública. En contraste, el gasto destinado a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) creció 69% en términos reales.
El dato sintetiza la orientación fiscal del Gobierno en el arranque del ejercicio: un sesgo contractivo en el gasto social y productivo, con excepciones puntuales vinculadas al área de Inteligencia y a determinados ítems financieros. De hecho, los Servicios de la Deuda Pública representaron el 8% del total ejecutado en enero, manteniendo un peso significativo dentro de la estructura presupuestaria.
Dentro del informe se destaca el impacto en el área de Salud, donde el recorte alcanza tanto a organismos como a programas estratégicos. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán sufrió una caída real del 34,2%, mientras que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) retrocedió 56,1%.
Más drástico aún es el panorama en programas: Acceso a Medicamentos e Insumos cayó 82,8%; Prevención y Control de Enfermedades Endémicas, 54,5%; y Prevención de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles, 99,2%. También se registran reducciones casi totales en la respuesta al VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra con el 99,2%.
A su vez, el CEPA asegura que dos programas directamente no registraron ejecución: Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles.
Respecto a educación, la ejecución muestra señales de paralización. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente registran una caída del 100%. La infraestructura y equipamiento escolar se redujo 99,7%, mientras que la gestión y asignación de becas a estudiantes cayó 62,8%. Las acciones de formación docente también retrocedieron 44,3% y el desarrollo de la educación superior, 12,9%.
Sin embargo, el ajuste es aún más grave en desarrollo social. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo su ejecución en 72%. Programas como Economía Social, el Plan Nacional de Protección Social y el Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia muestran caídas del 100%. Los comedores comunitarios y merenderos también registran ejecución nula. La Prestación Alimentar, en tanto, disminuyó 35,9%.
En seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tuvo un recorte del 10%, mientras que las pensiones no contributivas cayeron 30% y la Pensión Universal para el Adulto Mayor retrocedió 42%.
Por otro lado, la ejecución en infraestructura presentó una de las caídas más pronunciadas. Programas vinculados a rutas nuevas, pavimentación, túneles, puentes, seguridad vial e infraestructura en municipios registran reducciones de entre 96% y 100%. El desarrollo de obra pública cayó 97,7% y la infraestructura hidráulica, 96,5%.
En contraposición con el recorte generalizado, la SIDE, que responde a la Presidencia, incrementó su ejecución en 69% respecto de enero de 2023. Se trata de una de las pocas áreas con variación positiva significativa en el inicio del año.
El panorama que surge del informe muestra una reducción marcada del gasto público en funciones sociales y económicas, con especial impacto en políticas sanitarias, educativas, científicas y de infraestructura. Mientras tanto, se sostiene el peso de la deuda y se amplía la asignación a Inteligencia.
Dentro de sus conclusiones, el informe sostiene que este panorama abre interrogantes sobre la continuidad de políticas públicas esenciales en un contexto económico adverso y de elevada vulnerabilidad social.