“La reforma que impulsa el Gobierno ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, sostuvo el cosecretario general Jorge Sola en conferencia de prensa, donde confirmó una movilización “multitudinaria y contundente” desde las 15 en la Plaza del Congreso. El dirigente del sindicato del Seguro remarcó que la resolución del conflicto “es política” y trasladó la responsabilidad del desenlace a los senadores. “Tendrán que poner en claro si defienden los intereses de los trabajadores”, advirtió.
La definición llegó luego de un debate interno en el que prevaleció la postura de los sectores más dialoguistas, que lograron frenar el reclamo de las corrientes combativas para activar de inmediato un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.
En la conducción pesa todavía el recuerdo del último paro, en abril del año pasado, cuando la falta de adhesión de la UTA le restó impacto a la medida y dejó al descubierto fisuras en la capacidad de convocatoria de la CGT.
Sin embargo, la central no cerró del todo la puerta a una huelga nacional. Sola dio a entender que el paro general sigue sobre la mesa como herramienta futura: “Es una batalla larga”, señaló, al tiempo que detalló el trabajo político que la CGT viene realizando para frenar la iniciativa oficial. Según enumeró, la central ya presentó sus objeciones ante más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados, 50 intendentes y representantes de pequeñas y medianas empresas.
A qué juega la CGT con la Reforma Laboral
La estrategia de Azopardo apunta a que el proyecto pueda trabarse en el Senado sin necesidad de “quemar” la medida de fuerza más dura. En ese cálculo aparece un elemento clave: el impacto fiscal de la reforma sobre las provincias. La conducción sindical apuesta a una confluencia de intereses con los gobernadores, afectados por la rebaja del Impuesto a las Ganancias a las sociedades y su efecto sobre la coparticipación, para complicar el cuórum o directamente frenar el avance del oficialismo.
Ese trabajo político tuvo avances, pero también tropiezos en los últimos días. Reuniones previstas con mandatarios provinciales quedaron en suspenso en medio de gestos de acercamiento de algunos gobernadores al Gobierno nacional, como el correntino Juan Pablo Valdés, que terminó mostrándose con el ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. Tampoco prosperó una foto con el cordobés Martín Llaryora, tras versiones de una cumbre que finalmente no se concretó.
Mientras tanto, la conducción buscó contener la presión interna habilitando una salida intermedia: cada gremio quedó facultado a convocar paros por actividad o ceses parciales para facilitar la participación en la movilización. La UOM, uno de los sindicatos que más empujó por una huelga general, confirmó un paro desde las 10 de la mañana del miércoles para permitir que sus afiliados marchen al Congreso.
La semana pasada, además, los metalúrgicos ya se habían movilizado junto a las dos CTA en Córdoba y volverán a hacerlo este martes en Rosario.
Los paros sectoriales cumplen así una doble función: engrosar la protesta frente al Congreso y mantener alta la temperatura del conflicto sin asumir el riesgo político de un paro general que no tenga un acatamiento pleno, especialmente en el transporte. En ese punto se juega otra de las tensiones centrales.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que conduce Juan Carlos Schmid, convocó a una conferencia de prensa para el lunes, donde podría anunciar un paro de 24 horas. Aunque agrupa a gremios clave como Camioneros, La Fraternidad y los aeronavegantes, la incógnita vuelve a ser la UTA, cuyo alineamiento sigue siendo decisivo.
El miércoles, con el proyecto ya en el recinto del Senado y las CTA convocando a un paro nacional con movilización, la CGT buscará copar la calle y medir fuerzas. El paro general, por ahora, queda guardado. Pero nadie en Azopardo lo descarta si la reforma supera el primer filtro legislativo y avanza hacia Diputados. Ahí, advierten, la “batalla larga” podría entrar en otra fase.