La advertencia llegó desde afuera del país, pero resonó con fuerza puertas adentro. En su Informe Anual 2026, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) dedicó un capítulo especialmente crítico a la Argentina y encendió luces rojas sobre el rumbo institucional del país bajo el gobierno de Javier Milei. El diagnóstico fue contundente: “el Estado de derecho está siendo puesto a prueba”.
El documento, que analiza el desempeño del Ejecutivo durante 2025, señala intentos de evadir controles constitucionales, restricciones al derecho a la protesta, uso excesivo de la fuerza pública y un clima hostil hacia la prensa, en un contexto de fuerte ajuste económico y conflictividad social creciente.
“Los argentinos quieren y necesitan mayor estabilidad económica y ello no tiene por qué venir a costa de mayor deterioro institucional”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, al presentar las conclusiones del informe en declaraciones a medios locales. La frase resume el eje del documento: la tensión entre el programa económico del Gobierno y el respeto a las garantías democráticas.
Entre los puntos más críticos, HRW menciona los recortes en programas sociales, los obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica y el avance de medidas que, según la organización, buscan socavar los controles sobre el Poder Ejecutivo. En ese marco, el protocolo antipiquetes ocupa un lugar central: para HRW, la normativa “facilita violaciones de derechos humanos” al criminalizar manifestaciones y habilitar el uso de la fuerza policial en un abanico amplio de situaciones.
El informe pone el foco, además, en la represión de la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, donde resultaron heridas más de veinte personas y el fotógrafo Pablo Grillo sufrió lesiones de extrema gravedad. “Aunque algunos manifestantes cometieron actos violentos, las fuerzas de seguridad respondieron en ocasiones con un uso de la fuerza indiscriminado e imprudente”, sostiene el texto.
La libertad de expresión aparece como otro de los ejes sensibles. HRW remarca que Milei y funcionarios de su entorno utilizaron una retórica estigmatizante contra periodistas, citando expresiones como “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y acusaciones públicas de supuestos sobornos. También cuestiona una medida judicial vinculada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del escándalo Andis, al prohibir la difusión de audios atribuidos a su persona: para la organización, se trató de una decisión que vulnera la libertad de expresión.
En materia de corrupción, el informe menciona el caso $Libra y recuerda que una comisión investigadora del Congreso concluyó que el Presidente desempeñó un “papel indispensable” en un presunto “plan fraudulento”, investigación que, al momento del cierre del capítulo, continuaba en la Justicia federal.
El deterioro institucional, según HRW, también se expresa en falencias estructurales del sistema democrático: la vacante del cargo de Defensor del Pueblo, sin titular desde 2009; el nuevo esquema de la SIDE, con facultades de vigilancia que “socavan la confianza pública”; y un Poder Judicial con más de 330 cargos vacantes, cerca del 35% del total, que afecta gravemente el acceso a la justicia. A eso se suma el debate en el Senado sobre una eventual ampliación de la Corte Suprema, una herramienta que, recuerda el informe, fue utilizada en el pasado para garantizar control político sobre el máximo tribunal.
Argentina, el trabajo de prensa en riesgo
Mientras ese diagnóstico circulaba en despachos diplomáticos y redacciones internacionales, el conflicto con la prensa sumaba un nuevo capítulo local. Este martes, más de 3.000 periodistas de todo el país presentaron en el Senado una solicitada para rechazar la derogación del Estatuto del Periodista, contemplada en el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Gobierno.
La iniciativa fue acompañada por una conferencia de prensa convocada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), y la Federación de Trabajadores de Prensa, junto a legisladores nacionales. El reclamo apunta contra la eliminación de una norma histórica que regula la actividad y es considerada por el sector como una garantía básica para el ejercicio de la libertad de expresión.
Así, mientras un organismo internacional advierte sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas, los periodistas eligieron hacer oír su voz en el Congreso. Dos escenas distintas, un mismo telón de fondo: el debate sobre los límites del poder y el costo institucional del rumbo elegido por el Gobierno.