La controversia en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Inteligencia impulsado por el gobierno de Javier Milei se profundiza a medida que se acerca el plazo legal para su tratamiento parlamentario. Este jueves vence el período para que el Ejecutivo envíe formalmente al Congreso el decreto firmado a finales de 2025, pero, pese a los reiterados reclamos de la oposición, las autoridades legislativas aún no conformaron la Comisión Bicameral para tratarlo.
La falta de avances recae sobre los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, quienes no activaron la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, órgano clave para el control de los DNU. La situación vuelve a poner en discusión la efectividad del control legislativo sobre las decisiones del Ejecutivo.
Según establece la normativa vigente, una vez recibido el decreto, la Bicameral cuenta con diez días hábiles para emitir dictamen. Frente al inminente vencimiento de los plazos, tanto el interbloque opositor como el espacio Unidad Porteña enviaron notas formales exigiendo la urgente conformación de la comisión.
El contenido del DNU despertó preocupación y repudio desde distintos sectores políticos y sociales, ya que introduce disposiciones que podrían considerarse invasivas de derechos ciudadanos. Si el plazo de la Bicameral se agota sin dictamen, cualquiera de las cámaras queda habilitada para someter el decreto a votación, incluso sin el análisis previo de la comisión. En ese escenario, aparece otra incógnita central: si el Ejecutivo incluirá el DNU en el temario de de la próxima sesión extraordinaria, algo clave para su debate formal.
Cabe recordar que en 2024, el Congreso rechazó por primera vez en la historia un decreto presidencial, el que ampliaba en 100 mil millones de pesos el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia. Ese episodio marcó un límite político e institucional que ahora vuelve a estar en juego.
Desde la oposición sostienen que el DNU de Inteligencia no cumple con los requisitos constitucionales de “necesidad y urgencia” y que elude deliberadamente el procedimiento legislativo ordinario. Además, denuncian que avanza sobre materias expresamente vedadas para este tipo de decretos, como la atribución de facultades punitivas. Esto llevó a que sectores como la Coalición Cívica presentaran amparos para que el decreto sea declarado nulo por su presunta gravedad institucional y su impacto sobre derechos constitucionales.