Mientras Jorge Macri celebra en sus redes sociales que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó su desalojo N°. 531, no menciona que, según datos oficiales, estos operativos dejaron a más de 800 niños y niñas y 1200 personas adultas en situación de calle. Se trata de una de las problemáticas más preocupantes de CABA que el Gobierno no sólo no resuelve, sino que profundiza.
Al contrario, las redes del actual jefe de Gobierno se convirtieron en una exaltación permanente de los desalojos: publicaciones con imágenes y videos de cada operativo, acompañadas por consignas como “ahora la propiedad privada se respeta”, sin el menor resguardo hacia quienes viven allí. El caso de la familia Cuéllar en Parque Patricios es uno de los ejemplos más visibles de esta lógica.
Crisis habitacional: un problema estructural
CABA, al igual que el resto de Argentina, afronta una profunda crisis habitacional. Según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), basado en los datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) de 2022, en Argentina existe un déficit habitacional de 3,24 millones de viviendas. A su vez, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en el primer semestre de 2025, más de un millón de personas de Argentina (3.7% del total), distribuidas en 201.000 hogares, se encontraban en situación de hacinamiento crítico.
María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo escribieron en observatorioamba.org que estos datos implican que “la problemática habitacional en la Argentina no se reduce meramente a la insuficiencia de unidades de vivienda, sino a la inadecuación de las existentes en términos de calidad, infraestructura y condiciones de habitabilidad”. En ese marco, proponen que las políticas públicas prioricen “programas masivos de mejoramiento de viviendas, inversión en infraestructura urbana” y “estrategias efectivas para mitigar el hacinamiento”.
Estos problemas se exacerbaron con la desregulación del mercado de alquileres, que habilitó aumentos más frecuentes y una inestabilidad estructural que derivó en más desalojos. Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA), los alquileres de departamentos usados en CABA aumentaron 37,6% en el tercer trimestre de 2025.
Koutsovitis y Baldiviezo también destacan que, para siete de cada diez hogares inquilinos, el alquiler representa el 50% de los ingresos familiares, una carga económica insostenible. Además, entre 37% y 38% de los jóvenes que tienen entre 25 y 35 años viven con sus padres o abuelos y más del 50% de los adultos jóvenes en CABA no puede acceder a una vivienda propia.
Lejos de revertir este escenario, el Gobierno porteño recorta recursos. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó el Presupuesto 2026 de CABA y advirtió que, aunque el total crecerá 3,67% respecto de 2025, las partidas del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat caerán 2,94% y los fondos para los organismos de vivienda sufrirán una baja aún mayor: 22,9% en términos reales. En conjunto, representan apenas 0,94% del presupuesto total del GCBA.
El relato del “orden” y la violencia institucional
“Propiedad número 531 devuelta a sus dueños. Recuperamos un edificio en Monserrat que estaba tomado desde hace 11 años. En la Ciudad no cambiaron las leyes: lo que cambió fue la decisión política. Ahora la propiedad privada se respeta”, celebró Jorge Macri en la red social “X”. El mismo mensaje se repite en varios posteos acompañados por los videos de los desalojos.
En ninguno de esos mensajes aparece la pregunta por el destino de las personas desalojadas: más de 1.200 adultos y 800 niños y niñas que se quedaron sin un lugar donde vivir. El Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle (2025) relevó 11.892 personas en esa condición en la Ciudad, una cifra que triplica los datos oficiales del GCBA y que creció 64% en seis años. Otro dato a tener en cuenta para el 2025, el 37% de los encuestados perdió su hogar hace menos de un año.
El Gobierno porteño no sólo produce más personas en situación de calle: también las destrata. En 2024, Jorge Macri recibió fuertes críticas tras definir como “orden y limpieza” un operativo que desalojó a personas sin techo, publicaciones que luego debió eliminar de Instagram. Según el Ministerio Público de la Defensa de CABA (MPD), las denuncias por violencia institucional contra personas en situación de calle crecieron 128% entre el primer semestre de 2023 y el primero de 2024. Además, 34% de las personas en situación de calle detenidas en 2024 denunciaron haber sufrido violencia al momento de la detención.
Los desalojos también pueden y suelen ser violentos y tienen varias consecuencias en quienes lo sufren. Un estudio del PubMed Central señaló que el desalojo afecta la salud física y mental, rompe lazos comunitarios y redes de apoyo, y se asocia con estrés crónico, deterioro de la salud mental, pérdida de acceso a educación y servicios de salud y mayor exposición a la precariedad.
A esto se suma que muchos desalojos se producen en un marco de irregularidades. En abril, la Consejería de Vivienda denunció que 10.000 familias beneficiarias no habían cobrado el subsidio habitacional, una situación que pudo haber derivado en nuevos desalojos. “Nos hacen pagar $400.000 por una pieza con baño y cocina compartida, y ahora ni siquiera nos depositan en fecha lo que nos corresponde”, denunciaron en un comunicado.
El subsidio tampoco sería suficiente. Un relevamiento realizado por el MPD, a través de la Unidad de Seguimiento de Políticas Públicas de Grupos Vulnerables (UGEVU), entre septiembre y octubre de 2025, mostró que el subsidio sólo cubre entre 42% y 59% del costo mensual de un alojamiento.
Casos ejemplificadores
Se pueden mencionar tres casos de desalojos sospechosos en CABA en el último año. El primero nombrado sucedió en Parque Patricios. El 27, un día antes de lo fijado judicialmente, se adelantó el desalojo de la familia del militante por los derechos humanos Alfredo Cuéllar y sus vecinos en Raulet 62/62/66, sorprendiendo a familias y organizaciones sociales que habían organizado una vigilia.
Cuéllar relató a ANCCOM que alquilaba ahí desde 1984 cuando todavía estaba viva la dueña original y denunció irregularidades en el proceso judicial. Afirmó que Úrsula Busset, actual titular del inmueble, “es hija de una abogada que primero se presentó como representante de supuestos dueños” y sostuvo que hubo “un poder económico muy fuerte detrás”, cuando dijo que ella es “abogada de Karina Milei y asesora de Diana Mondino”.
Por otro lado, en Saavedra, vecinos y vecinas denunciaron que en julio se desalojó y demolió un centro de jubilados del Parque Saavedra sin orden judicial. Desde el Gobierno argumentaron que se trataba de una construcción ilegal, aunque el centro había renovado su inscripción en el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria y estaba vigente hasta agosto de 2027.
La tercera situación que se puede mencionar sucedió en La Boca. A mediados de octubre, 35 familias fueron expulsadas de un edificio en la calle 20 de Septiembre, a metros de la avenida Almirante Brown. Según el Observatorio de la Ciudad, el desalojo fue violento y sin explicaciones, afectando a familias que regresaban del trabajo o del colegio con sus hijos.
Los desalojos que Jorge Macri celebra como trofeos de gestión no son un dato administrativo ni una postal de orden urbano: son decisiones políticas que expulsan, precarizan y empujan a miles de personas a la calle. Mientras el Gobierno porteño invierte recursos en mostrar firmeza y contabilizar operativos, recorta el presupuesto de vivienda, desfinancia subsidios insuficientes y naturaliza la violencia institucional.
La Ciudad no necesita más épica del desalojo ni slogans sobre propiedad privada. Necesita políticas habitacionales integrales, presupuesto real y un Estado que deje de convertir la exclusión social en contenido para redes. Porque cada “propiedad recuperada” que se festeja es, al mismo tiempo, una vida desarmada que el Gobierno decide no ver.