Esta maniobra, plasmada en el dictamen de comisión, generó un fuerte rechazo de la oposición y de la comunidad universitaria, quienes advierten sobre una inminente crisis.
La polémica se centra en el proyecto de ley de Presupuesto 2026, donde el oficialismo, liderado por el bloque La Libertad Avanza (LLA), introdujo modificaciones sustanciales respecto al texto original enviado por el Poder Ejecutivo.
Específicamente, se incorporó el Artículo 75, que establece la derogación de dos normativas fundamentales: la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y la Ley 27.795 de Presupuestos Universitarios. Adicionalmente, se eliminaron los fondos destinados al Hospital Garrahan.
El jefe del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, defendió la búsqueda de un dictamen favorable como una señal de seriedad de la «Argentina de Milei» hacia los inversores internacionales. Sin embargo, esta acción fue cuestionada desde su base legal, ya que la Ley de Administración Financiera impide que la Ley de Presupuesto «derogue o elimine leyes vigentes».
La oposición reaccionó con firmeza ante lo que consideraron un cambio de reglas en medio del debate. Germán Martínez, presidente del bloque de Fuerza Patria, señaló que el proyecto actual elimina el financiamiento para las universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.
Martínez anunció que su sector presentará un dictamen y un proyecto propio, oponiéndose a la derogación del 6% para el financiamiento educativo y buscando garantizar el financiamiento de la ley de educación técnica.
Otro punto de crítica provino del diputado Nicolás Massot (interbloque Unidos), quien expuso la paradoja de las prioridades gubernamentales: «Hay plata para que la compra venta de inmuebles no pague más impuestos, pero no hay para el Garrahan. Hay plata para que las empresas que pudieron reportar ganancias este año… tengan una reducción impositiva. Pero tampoco hay para las universidades… no hay plata para los discapacitados».
A pesar de las críticas, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría con 28 firmas, incluyendo aliados como el PRO y la UCR, aunque con 6 disidencias. La oposición, por su parte, presentó dictámenes de minoría.
El sistema universitario en alerta ante el Presupuesto 2026: «una provocación innecesaria»
La respuesta más contundente provino de la comunidad académica, que inmediatamente advirtió sobre las graves consecuencias de la medida. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades emitieron un comunicado conjunto expresando su «profunda preocupación».
La principal advertencia es que el dictamen de la Comisión de Presupuesto «peligra el sistema universitario en 2026».
Comunicado del Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el @CINoficialhttps://t.co/1azzl74UBV pic.twitter.com/XJRq6THLRE
— CIN (@CINoficial) December 17, 2025
Las instituciones señalan que el proyecto no solo mantiene un presupuesto insuficiente enviado por el Poder Ejecutivo, sino que incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario, una ley que debió ser sostenida con mayoría agravada y cuya ejecución está pendiente de resolución judicial.
En su comunicado, las entidades universitarias calificaron la decisión como «una provocación innecesaria» que empuja a la comunidad universitaria y científica a una crisis aún más profunda que la actual.
«Advertimos, con la gravedad del caso y el tiempo suficiente, que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026».
El CIN exhortó a los legisladores que previamente apoyaron la ley de financiamiento a mantener su posición en el debate en el recinto.
Con el dictamen de mayoría asegurado, el oficialismo se prepara para llevar el proyecto de ley al recinto en busca de la media sanción. La inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario transformaron el debate presupuestario en una disputa política y legal de alta tensión, con la oposición unida en su rechazo y la comunidad universitaria movilizada ante la amenaza de un colapso operativo en 2026.