El Foro Economía y Trabajo planteó que la crisis de la economía real exige como medida prioritaria la recuperación inmediata del salario real, jubilaciones y salario social complementario. Señaló que el actual Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) —$322.000— no alcanza siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria, cuando debería cuadruplicarse para no caer en la pobreza.
El organismo remarcó que el SMVM es un derecho constitucional destinado a garantizar condiciones mínimas de vida, y que su valor debería equipararse a la Canasta Básica Total del INDEC, la cual requiere una actualización metodológica por su estructura de gastos desactualizada.
El documento sostiene que desde diciembre de 2023 se produjo una transferencia de ingresos de 43,7 billones de pesos desde los trabajadores hacia sectores financieros, exportadores y formadores de precios, lo que agravó la caída del consumo, la producción y el empleo. A esto suma el congelamiento del salario social complementario y su desacople del SMVM.
El Foro advierte que la recuperación de ingresos debe articularse con dos medidas centrales: reversión de la apertura irrestricta de importaciones y políticas de crédito accesible orientadas a la industria y la construcción. Enfatiza que una alianza entre sectores del trabajo y la producción es estratégica frente al avance gubernamental para reducir derechos laborales y “costos laborales”, lo cual —sostiene— provocará más precarización y menor demanda interna.
Respecto del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Ejecutivo, el texto afirma que su aprobación profundizaría la pérdida de empleo, el cierre de empresas y la caída de la recaudación, lo que implicaría menos recursos para salud, educación, obra pública y provincias, además de mayor endeudamiento familiar.
El informe incluye un análisis de una década de deterioro del poder adquisitivo: desde 2016 el salario real cayó más de 22%, con un impacto más fuerte en el sector público (–32,9%) que en el privado registrado (–18,2%).
Con Milei, el ajuste se concentra en los salarios estatales, que muestran una caída del 14% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 —con desplomes del 32,6% en la Administración Pública Nacional y del 28,6% en universidades nacionales—, consolidándose como principal ancla del ajuste fiscal.
El documento destaca además que el IPC vigente subrepresenta aumentos en servicios esenciales por basarse en una estructura de gastos de 2004/05, lo que tiende a sobreestimar el salario real, especialmente tras los fuertes incrementos tarifarios.
El Foro concluye que el proceso de empobrecimiento laboral debilita el mercado interno y profundiza desigualdades. Afirma que el salario dejó de ser un mecanismo de integración social y hoy opera como un ingreso meramente defensivo. Bajo estas condiciones —advierte— “es imposible un orden macroeconómico real y sustentable”.