Carlos Presti asumió la Jefatura del Ejército en enero de 2024, a pocas semanas de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Hasta allí, el movimiento parecía un recambio habitual en la transición entre administraciones. Pero la forma en que se concretó ya mostraba que no sería un general más: para su designación fue necesario pasar a retiro a 23 generales con mayor antigüedad, una purga con escasos antecedentes que evidenció una elección política y no estrictamente profesional.
Su salto a la conducción del Ministerio de Defensa profundiza esa señal. Desde 1983, todos los ministros fueron civiles, incluso en contextos de tensión, crisis o reordenamientos internos. Presti será el primer militar en ocupar ese puesto desde el retorno democrático, una decisión que reconfigura la relación entre la conducción política del Estado y las Fuerzas Armadas.
El perfil del nuevo ministro Presti: herencia, carrera y vínculos olíticos
El Teniente General Carlos Alberto Presti, de 59 años, egresó del Colegio Militar en 1987, ya en democracia. Con una carrera destacada en el arma de Infantería, acumuló aptitudes de comando, paracaidismo y asalto aéreo. Fue jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, director del Colegio Militar y agregado de Defensa en Centroamérica. Sin embargo, su perfil no puede desvincularse de su herencia familiar.
Es hijo de Roque Carlos Alberto Presti, coronel que durante la última dictadura cívico-militar comandó el Regimiento de Infantería 7 de La Plata y la jefatura del Área Operacional 113. Desde esa posición, tuvo bajo su control centros clandestinos de detención como «La Cacha» y «Arana». Murió impune en 1993, aunque estaba imputado por los crímenes de 44 víctimas.
Su caso se encuadra en la secuencia de las leyes de Punto Final, de diciembre de 1986 y de Obediencia Debida, arrancada en 1987 al gobierno de Raúl Alfonsín a fuerza de sublevaciones militares. La Semana Santa carapintada, teñida de un supuesto nacionalismo, tenía el objetivo de garantizar la impunidad para los ejecutores del Terrorismo de Estado y que la cadena de responsabilidades se cortara en las primeras juntas militares, condenadas en el histórico juicio de 1985.
El silencio del hijo ante el pasado del padre es el punto que encienden las alarmas de los organismos de derechos humanos. La agrupación HIJOS Capital y la Asamblea Desobediente, integrada por familiares de represores que repudian sus crímenes, señalaron que Presti jamás manifestó una condena explícita a los actos de su padre ni al terrorismo de Estado. «Cualquier militar o policía que teniendo un padre genocida no tome partido en cuanto a que ninguna diferencia política puede dirimirse mediante un exterminio, presenta muy serias dudas y ninguna garantía de compromiso democrático», sentenció la Asamblea.
Su nombramiento, además, parece responder a lealtades políticas directas. Fuentes del gobierno dejaron trascender que la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue quien impulsó su nombre, imponiéndose sobre la candidata del ministro saliente Luis Petri. «Es inédito y es Karina puro. Hizo una relación, dio la vida por Karina y bueno, le están pagando bien», confesó una fuente militar.
El argumento oficial versus el consenso roto
El comunicado de la Oficina del Presidente presentó la designación como un acto reparador. Calificó a Presti como «una persona con intachable carrera militar» y afirmó que su nombramiento busca dar «por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados». El gobierno espera inaugurar «una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe».
Sin embargo, esta visión choca frontalmente con uno de los pilares de la democracia argentina. «Es un enorme retroceso para la democracia argentina y para las Fuerzas Armadas como institución», advirtió Agustín Rossi, exministro de Defensa. La conducción civil de la Defensa es un consenso que respetaron todas las fuerzas políticas desde 1983 para subordinar el poder militar al poder constitucional.
Incluso en el espejo de las potencias que el presidente Milei admira, la decisión resulta anómala. Ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Francia o Alemania tienen a un militar en servicio activo al frente de sus ministerios de Defensa. La conducción política de la defensa requiere un diálogo con el parlamento, la sociedad y la diplomacia que, se entiende, un dirigente político está mejor preparado para ejercer.
Las crisis internas que el nombramiento busca ocultar
Mientras el gobierno enmarca la decisión en una «batalla cultural», las Fuerzas Armadas atraviesan crisis concretas y urgentes. La gestión saliente de Luis Petri deja un profundo malestar por la paralización de la jerarquización salarial, que ha provocado que un comisario de una fuerza de seguridad gane más que un general del Ejército. Esta situación, sumada a la crisis de la obra social IOSFA, ha derivado en cerca de 18.000 bajas desde diciembre de 2023.
A este cuadro se suma una grave denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por presunta malversación de fondos. Según el sindicato, en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, 460 militares figuran cobrando 43 «horas profesor» cada uno, sin dictar clases, en lo que sería un sistema de sobresueldos encubiertos.
«Son más militares con horas que docentes», denunció Darío Cecotti, de la Junta Interna de ATE, quien calcula una estafa millonaria. El Ejército, por su parte, desmiente la irregularidad y afirma que se trata de un suplemento legal.
Riesgos y consecuencias
Jorge Taiana, también exministro de Defensa y diputado electo de Fuerza Patria, calificó el nombramiento como una «utilización partidaria de las Fuerzas Armadas, haciéndolas parte de las decisiones políticas de un gobierno que ha renunciado a la defensa de la soberanía». Para Rossi, «con esta designación las Fuerzas Armadas quedan involucradas en el destino del gobierno, cuando deberían ser preservadas de cualquier circunstancia política».
El nombramiento también genera tensiones jerárquicas. Presti pasará a ser el superior político de jefes militares que, por antigüedad, estaban por encima de él, como el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac. «Produce una cosa extraña», admitió una fuente militar, abriendo interrogantes sobre la cadena de mando.
En un texto premonitorio de 2021, el exjefe del Ejército Martín Balza recordaba la célebre frase de Georges Clemenceau: «La guerra es demasiado seria para dejarla en manos de los militares». Pero también advertía que la defensa, en las últimas décadas, estuvo en manos de civiles que la desfinanciaron hasta dejarla en su estado más bajo de la historia. Balza reclamaba un consenso político para una política de Defensa seria, algo que esta decisión unilateral parece alejar aún más.
Un futuro incierto y una memoria en disputa
La designación de Presti no es un hecho aislado. Coincide con un giro en la política de derechos humanos del gobierno, que se manifestó en el voto de Argentina junto a Estados Unidos e Israel en contra de una resolución de la ONU para la prevención de la tortura, rompiendo otra tradición diplomática de 40 años.
Lejos de ser una solución profesional a la crisis de las Fuerzas Armadas, el nombramiento de Presti las sumerge de lleno en la arena política. Reabre debates sobre la subordinación militar que parecían saldados y, al elevar a una figura cuyo silencio sobre la dictadura es su principal marca, envía un poderoso mensaje sobre el lugar que el gobierno quiere darle a la memoria del «Nunca Más».
La “memoria completa” de la que habla hace años la vicepresidenta Victoria Villarruel y, por más pelea irreconciliable que presentan para la tribuna, en este punto la pone en la misma senda que el presidente Javier Milei.