La definición sobre la jura de la senadora libertaria Lorena Villaverde quedó en manos del pleno del Senado, que deberá resolverlo por mayoría simple en la sesión preparatoria del 28 de noviembre, ya con la nueva composición del cuerpo. La decisión llega tras un dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta que recomendó rechazar su diploma, en medio de fuertes acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición.
La comisión emitió dos dictámenes de mayoría: uno que avala el conjunto de pliegos de los senadores electos y otro que, en paralelo, rechaza el de Villaverde. El documento favorable incluye también a Martín Soria y Jorge Capitanich, pese a que ambos fueron impugnados por La Libertad Avanza (LLA), minutos antes del inicio del debate.
El despacho fue respaldado por los ocho senadores peronistas, la cordobesa Alejandra Vigo, el radical Pablo Blanco y Juan Carlos Romero. En tanto, LLA y el PRO preparan un dictamen de minoría para avalar la asunción de Villaverde y del resto de los legisladores electos, excepto Soria y Capitanich.
La votación en el recinto será clave y se dará en un nuevo escenario parlamentario: el oficialismo contará con 20 senadores propios y el peronismo 28; mientras que los 9 radicales, 5 del PRO y 6 provinciales (Santa Cruz, Misiones, Salta y Neuquén) quedarán como bloques decisorios.
“Los dictámenes no son vinculantes”, recordó Vigo, quien subrayó que la palabra final será del pleno. De hecho, en ambos espacios reconocen que los votos aún no están garantizados.
Un debate cargado de acusaciones sobre Lorena Villaverde
La discusión en comisión estuvo marcada por denuncias cruzadas. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, sostuvo que Villaverde “fue sorprendida en Miami comprando dólares” y que “la expulsaron para siempre de Estados Unidos por trabajar en la venta de estupefacientes”. Agregó además que la diputada “compró una banca” y tiene “relación directa con el narcotráfico”.
Desde LLA, el jefe de bloque Ezequiel Atauche acusó a la oposición de montar “un show mediático” y negó que exista una inhabilidad moral que impida su asunción. “La Corte Suprema ya se expresó sobre este tema y la diputada ya es diputada”, afirmó.
La peronista Anabel Fernández Sagasti sostuvo que permitir la jura sería “abrirle la puerta del Senado al crimen organizado”. En contraste, el senador del PRO Luis Juez cuestionó las acusaciones: “podemos votar como queramos, pero no decir cualquier cosa. En Estados Unidos se descartaron conductas delictivas”.
El senador Juan Carlos Romero añadió que “es difícil encontrar información” sobre el presunto caso de Sarasota, mientras que el radical Eduardo Vischi consideró que parte de lo expuesto “no consta en la causa”.
Las impugnaciones y el trasfondo judicial
La impugnación formal contra Villaverde fue presentada por apoderados del PJ de Río Negro. Allí se enumeran sus presuntos antecedentes en Estados Unidos y sus vínculos con una red vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en ese país por narcotráfico y lavado de dinero.
Villaverde, amiga y socia política de Claudio Ciccarelli, primo de Machado, ya había quedado en el centro de polémicas durante la campaña por sus supuestos vínculos con la organización investigada, en una trama que también rozó al diputado José Luis Espert por el financiamiento de su campaña de 2019.
Según medios estadounidenses, Villaverde habría sido detenida en 2002 en Florida durante un operativo antidrogas en el aeropuerto de Sarasota, donde se incautó un kilo de cocaína y más de 17 mil dólares. La diputada asegura que se trató de “una trampa” y que el caso fue desestimado. También se menciona una primera detención en 2001 por “obstrucción de la Justicia”, de la que fue liberada sin antecedentes.
En Argentina, sumó otros frentes judiciales:
- En 2018 fue allanada en una causa por lavado de dinero que luego se archivó.
- En 2025 enfrentó un embargo por presuntas estafas en la venta de terrenos en Las Grutas.
- También hubo cuestionamientos públicos sobre la legalidad de su patrimonio y de operaciones inmobiliarias.
Su declaración jurada 2024 informó un patrimonio de $225 millones, incluyendo un lote de 134 hectáreas en Las Grutas valuado en $12,1 millones, una casa en Escobar, una inversión inmobiliaria en Neuquén y un BMW, además de ahorros en pesos y dólares.
La defensa de Villaverde
Para contrarrestar las acusaciones, Villaverde difundió el 9 de octubre de 2025 un video donde se somete a un narcotest y una rinoscopia, cuyos resultados, según informó, dieron negativos. “La confianza se gana con gestos, no con discursos”, escribió.
No me interesa entrar en el barro ni responder agravios.
— Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) October 9, 2025
Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia.
Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopía: la confianza se gana con gestos, no con discursos.
En el siguiente link podés ver mis… pic.twitter.com/mmudrDz0pF
Antes de las elecciones, Facundo Manes presentó un proyecto para excluirla de la Cámara de Diputados por “inhabilidad moral sobreviniente”, mientras que el diputado Esteban Paulón pidió removerla de la presidencia de la Comisión de Energía. También hubo denuncias de presuntas amenazas al periodista Nicolás Wiñazki tras un informe televisivo sobre la diputada.
La definición sobre la jura de Villaverde será, finalmente, un test político para el nuevo Senado. Mientras LLA confía en los votos de legisladores “dialoguistas”, en el peronismo admiten que aún no tienen asegurada la mayoría para bloquear su ingreso. El 28 de noviembre, el recinto tendrá la última palabra.