La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dedicó una audiencia especial en Miami a evaluar la situación de la libertad de expresión en Argentina. Lo que emergió, según los testimonios aportados por organizaciones, periodistas y sindicatos, fue un panorama de deterioro acelerado, agravado por un clima de represión en protestas, hostigamiento digital desde las altas esferas del poder, espionaje y un ajuste económico que golpea frontalmente las condiciones laborales en el sector de prensa.
Mientras el Gobierno nacional negó sistemáticamente la existencia de una política de persecución, las organizaciones llevaron datos, relatos y documentación que, aseguran, muestran un escenario radicalmente distinto al que describen las autoridades.
Un Gobierno que niega en la CIDH, una sociedad civil que denuncia
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, encabezó la exposición oficial y reiteró la postura del Ejecutivo: no hay hostigamiento, no hay persecución y los ataques registrados son “hechos aislados”. “El periodismo no es un adversario, sino un aliado”, afirmó. Esta línea fue reforzada en su intervención posterior, cuando aseguró que en Argentina el debate público es “intenso, plural y libre”.
Las organizaciones presentes, entre ellas FOPEA, el CELS, Amnistía Internacional, SiPreBA, Argra y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, cuestionaron de lleno ese diagnóstico.
Ataques, represión y un clima de estigmatización
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) llevó un informe detallado sobre agresiones físicas, detenciones, uso de gases, balas de goma y lesiones graves durante coberturas de protesta, hechos que atribuyen a una política represiva sostenida desde el Ministerio de Seguridad.
Solo en febrero de 2024, en el marco del debate por la Ley de Bases, 52 trabajadores de prensa resultaron heridos.
El caso más emblemático fue el del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad tras recibir un cartucho de gas lacrimógeno que le perforó el cráneo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó el episodio como “fortuito”, responsabilizando al reportero por “ponerse en la línea de tiro”.
A esto se suma la violencia digital impulsada por discursos oficiales. La periodista Julia Mengolini narró la campaña sin precedentes de ataques en redes: material sexual falsificado con IA, amenazas de violación y muerte, hostigamiento contra su hija de seis años y casi 100 publicaciones del presidente sobre ella en apenas cuatro días.
Hugo Alconada Mon relató el acoso que sufrió tras denunciar un plan de espionaje interno: intentos de hackeo, ataques a sus cuentas, inscripción de sitios pornográficos a su nombre y campañas de trolls coordinadas.
El fotoperiodista Tomás Cuesta describió la normalización del equipamiento de protección para cubrir protestas: “Casco, máscara de gas, gafas. No porque las manifestaciones sean más violentas, sino porque la policía lo es. La prensa se convirtió en un blanco”.
Un retroceso en los indicadores internacionales
Reporteros sin Fronteras informó que Argentina cayó 47 lugares desde la llegada de Javier Milei al poder en el índice global de libertad de prensa, una noticia que fue citada por varias organizaciones durante la audiencia.
Según FOPEA:
- En 2024 hubo 179 ataques al ejercicio periodístico, un aumento del 53% respecto al año anterior.
- En 2025 ya se contabilizan 257 casos, récord histórico.
- El propio presidente es responsable de 113 agravios registrados entre 2024 y 2025.
Ajuste económico y deterioro laboral: el otro frente de la crisis
Más allá de la represión y el hostigamiento, las organizaciones denunciaron que el ajuste económico del Gobierno impacta de manera directa en las condiciones laborales del sector.
Entre los puntos señalados:
1. Vaciamiento y desmantelamiento de medios públicos
- Cierre de la agencia Télam.
- Reducción drástica de personal en Radio Nacional, TV Pública y señales educativas y culturales.
- Congelamiento salarial que, en un contexto inflacionario, profundiza la pérdida del poder adquisitivo.
2. Precarización en los medios privados
El sector enfrenta una combinación de:
- bajos salarios,
- pluriempleo,
- contratos informales,
- presiones empresariales alineadas con el Gobierno.
SiPreBA advirtió que las patronales buscan avanzar en una reforma del Estatuto del Periodista, tema que quedó en evidencia en el reciente aniversario de Clarín.
3. Criminalización y uso de la Justicia
Organizaciones denuncian que se utilizan causas judiciales para intimidar a periodistas críticos y desalentar investigaciones sensibles.
4. Pauta oficial y medios comunitarios
El corte total o parcial de pauta impacta en la supervivencia de radios, portales y medios alternativos que cumplen funciones esenciales en territorios y comunidades vulnerables.
Un clima de violencia que trasciende lo digital
Diversos expositores hicieron hincapié en hechos concretos que muestran cómo el discurso oficial se materializa en la calle. Uno de los ejemplos es el ataque contra el periodista y dueño de El Destape Roberto Navarro, agredido por un desconocido, y el episodio en el que dos fotógrafos, uno de Tiempo Argentino y otro de Clarín, fueron perseguidos con un cuchillo en un acto del Presidente.
“La frase ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’ no es retórica: habilita violencia real”, señaló uno de los representantes sindicales.
La CIDH evalúa una misión a la Argentina
La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, expresó preocupación por la combinación de ataques físicos, criminalización, precarización y hostigamiento estatal. “Hay un contexto de amenazas y criminalización hacia periodistas y activistas”, afirmó.
El presidente del organismo, José Luis Caballero, anunció que en el organismo están “interesados en hacer una visita oficial a la Argentina”.
La comisionada Gloria de Mees cerró con un mensaje que resonó fuerte en la sala: “Me pregunto si desde el Estado se está entendiendo la gravedad del problema”.
Un final que deja más preguntas que respuestas
Mientras el Gobierno insiste en que la situación está “bajo control”, las organizaciones sostienen que el deterioro de la libertad de expresión en Argentina es acelerado, profundo y se vincula directamente con un modelo político y económico que, denuncian, requiere silenciar voces críticas.
Para los trabajadores de prensa, la audiencia no solo puso en evidencia la violencia explícita, sino también el impacto del ajuste económico, la precarización laboral y la presión empresarial, un combo que amenaza derechos democráticos básicos y condiciona la posibilidad misma de informar.