La Federación Sindical Marítima y Fluvial (Fe.Si.Ma.F.) alertó sobre lo que considera una desregulación encubierta del cabotaje argentino, tras constatar la emisión sistemática de certificados de excepción por parte de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).
Según el informe oficial, firmado por la gerenta de Políticas Navieras, Gisela Escudero, los permisos se otorgaron a los remolcadores “Lautaro C” y “GF Humaitá”, ambos embanderados en Paraguay, operando desde hace meses en puertos argentinos con tripulación extranjera completa.
La Fe.Si.Ma.F. sostiene que estas renovaciones sucesivas violan el Artículo 30 de la Ley 27.419 de Marina Mercante Nacional, que establece que las excepciones deben aplicarse únicamente cuando no existan embarcaciones argentinas disponibles.
Permisos reiterados y cuestionamiento sindical
El Capitán Mariano Moreno, Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, cuestionó la postura del organismo estatal: “El Estado actúa como garante de un negocio privado extranjero dentro de las vías navegables del país, sin exigir reciprocidad”, afirmó.
El informe de la ANPYN justifica los permisos argumentando que se otorgaron conforme al Decreto-Ley 19.492/44, que permite autorizaciones temporales “en casos donde no haya barcos argentinos disponibles”. Sin embargo, Moreno advirtió que la reiteración de estos permisos por 30, 60 y hasta 90 días convierte lo que debería ser una excepción en una práctica sistemática de tercerización del cabotaje nacional.
Falta de control y medidas correctivas
El dirigente sindical criticó también la falta de acción del organismo: “Es muy grave que se reconozca la posible infracción a la ley, pero no se adopten medidas correctivas, y solo se traslade la responsabilidad a la Gerencia de Asuntos Jurídicos”, denunció.
Moreno recordó además que la ANPYN dictó la Resolución 41/25, que flexibilizó la normativa laboral y abrió el cabotaje a banderas extranjeras, una medida que, según él, puede terminar reemplazando la flota nacional por embarcaciones extranjeras, en un proceso que “recuerda al vaciamiento sufrido en los noventa”.
Desde la Fe.Si.Ma.F. exigen una revisión inmediata de los permisos otorgados y un control más estricto sobre el cabotaje, para garantizar la soberanía laboral y económica del país.