La muerte de Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años, durante las protestas del miércoles 15 de octubre en el Centro de Lima, Perú, encendió el clamor de colectivos juveniles vinculados a la llamada Generación Z, que anunciaron una movilización indefinida contra el gobierno interino de José Jerí y el Congreso de la República. Las agrupaciones confirmaron que hoy, jueves 16 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, volverán a concentrarse y marchar desde la Plaza San Martín.
Familiares y amigos del fallecido escucharon a los organizadores y, según reportes de medios locales, ratificaron que la protesta continuará hoy. Voceros de los colectivos han utilizado redes sociales para convocar con mensajes como “La marcha seguirá hasta sacar a Jerí” y “A marchar hasta que Jerí renuncie al cargo”.
Paro indefinido y puntos de convocatoria
Los participantes del “paro indefinido” anunciaron que la Plaza San Martín será el principal punto de encuentro. La jornada del miércoles estuvo marcada por fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en esa misma zona, que derivaron en más de cien heridos —según la Defensoría del Pueblo— y en una decena de detenidos.
Organizadores advierten que la movilización continuará “hasta que se haga justicia” por la muerte de Ruiz Sanz y otros reclamos vinculados a la corrupción e inseguridad que motivan las protestas.
Investigación por disparo de arma de fuego
El Ministerio Público confirmó en la plataforma X que el joven de 32 años falleció por “un disparo de arma de fuego” en las inmediaciones de la plaza Francia, en el Cercado de Lima, durante las protestas del 15 de octubre. La Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo asumió las diligencias urgentes, que incluyen el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas audiovisuales y balísticas.
Testigos han señalado que la víctima habría sido alcanzada por un disparo efectuado por un agente policial encubierto que, presuntamente, fue descubierto por manifestantes y abrió fuego durante su huida. La Fiscalía investiga estas versiones en el marco de “graves violaciones a los derechos humanos”.
Respuesta y reacciones oficiales
El presidente interino José Jerí expresó su pena por la muerte del manifestante y pidió que las investigaciones se lleven a cabo “con objetividad” para determinar responsabilidades. Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que dispuso “investigaciones inmediatas” y negó inicialmente la presencia de personal encubierto en la zona.
El congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó un oficio solicitando la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana, argumentando un aumento de la delincuencia y la necesidad de medidas extraordinarias. Jerí respondió en redes con un escueto “Anotado”. Mientras tanto, el alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, criticó la efectividad de años anteriores de estados de emergencia y pidió mayor planificación y control territorial antes que medidas puntuales.
Balance de daños y contexto social
La Defensoría del Pueblo reportó más de 100 heridos en las manifestaciones del miércoles: 78 agentes policiales y 24 manifestantes; también fueron detenidas diez personas. La magnitud de la movilización fue comparada por analistas con las más masivas de los últimos años, vinculadas a la crisis política y la lucha contra la inseguridad y la corrupción en el país.
Los organizadores y la familia de la víctima han insistido en la necesidad de una investigación transparente y en la demanda de justicia, mientras que los colectivos de la Generación Z insisten en mantener las protestas hasta conseguir respuestas institucionales claras.
Qué recomiendan las autoridades y organizaciones
Medios y organismos recomiendan a la ciudadanía evitar las zonas de protesta y tomar precauciones si va a transitar por el Centro de Lima. La Fiscalía, la Defensoría y organizaciones de derechos humanos han subrayado la necesidad de que las pesquisas sean “exhaustivas” e “independientes” para esclarecer responsabilidades, incluida la posible participación de efectivos policiales encubiertos.