En una sesión marcada por fuertes cruces políticos, el Senado dejó sin efecto el veto presidencial de Javier Milei y reactivó la ley que declara la Emergencia en Discapacidad. La norma, que había sido bloqueada por el Ejecutivo, fue reinstaurada con 63 votos afirmativos frente a siete negativos, alcanzando con holgura la mayoría especial de dos tercios.
Una derrota histórica para el oficialismo
Se trata de la primera vez en más de 20 años que el Congreso rechaza un veto presidencial. El bloque opositor —integrado por kirchneristas, radicales, macristas y legisladores provinciales— logró imponerse en la Cámara alta, en una jornada que significó un duro revés para La Libertad Avanza.
La norma recuperada estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderse un año más. Entre sus principales puntos, establece la reformulación de pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas, y medidas específicas para garantizar el acceso a derechos de las personas con discapacidad.
La votación en el Senado fue acompañada por una gran movilización en la plaza frente al Congreso, que se había repetido en varias ocasiones y hasta incluyó una vigilia en la Plaza de Mayo hace dos semanas.
El debate en el recinto
El primero en tomar la palabra fue Pablo Bensusán (PJ–La Pampa), quien cuestionó con dureza el veto presidencial:
“Ese ‘gasto’ es la diferencia entre que una persona con discapacidad pueda realizarse las terapias que le corresponden o quede condenada al olvido. Si el Estado para ahorrar necesita maltratar a la gente, no está ahorrando, los está abandonando”, afirmó.
Desde Córdoba, la senadora Carmen Álvarez Rivero (PRO) respaldó el veto, aunque reclamó públicamente al ministro de Salud, Mario Lugones, una actualización de los aranceles para garantizar prestaciones.
Por su parte, Guadalupe Tagliaferri (UCR–CABA) expresó:
“La libertad no es dejar solas a las personas con discapacidad. Por eso tiene que intervenir el Estado”.
El santacruceño José María Carambia fue más allá y advirtió:
“Si el Presidente no aplica esta ley, soy el primero en presentar un juicio político. No vamos a dejar que la gente con discapacidad siga en estas condiciones”.
El debate subió de tono cuando José Mayans (Frente de Todos) se cruzó con el libertario Francisco Paoltroni, a quien acusó de “ignorante” y de ser “hijo político de Milei”.
Una señal política y social
El correntino Eduardo Vischi (UCR) remarcó que la norma no busca un enfrentamiento con el Ejecutivo, sino una herramienta de gestión frente a una problemática que lleva años sin resolverse. “La situación viene de larga data, pero hoy está en terapia intensiva. Esta ley es una prioridad”, sentenció.
Con esta votación, el Congreso envió una señal clara de respaldo a los reclamos del colectivo de la discapacidad y a sus familias, al tiempo que evidenció un nuevo traspié político para el Gobierno nacional.