El Gobierno logró en la madrugada una de sus victorias parlamentarias más relevantes desde la sanción de la Ley Bases. Tras quince horas de sesión, el Senado aprobó por 42 votos contra 30 el proyecto de “modernización laboral”, una reforma estructural del régimen de trabajo que el oficialismo presenta como herramienta para “favorecer la creación de empleo”, pero que la oposición denunció como regresiva e inconstitucional.
La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a votarla antes del 27 de febrero, según indicaron fuentes parlamentarias.
Cómo se construyó la mayoría en el Senado
La Libertad Avanza consiguió 42 votos afirmativos con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales. El apoyo fue aportado por los 20 senadores libertarios, 10 radicales, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y representantes de bloques como Frente Cívico, Independencia, Despierta Chubut, La Neuquinidad y Primero los Salteños.
En términos políticos, el oficialismo cosechó el acompañamiento de los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).
El rechazo reunió 30 votos del interbloque peronista, integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero, que sumó 28 voluntades, más dos senadores de Santa Cruz.
En el tramo final de la sesión se hicieron presentes en el recinto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
La sesión comenzó a las 11.13 con 38 senadores presentes. La votación en general se produjo a la 1.20 y el debate en particular concluyó pocos minutos antes de las 4 de la madrugada.
Qué establece la reforma laboral
El proyecto aprobado contempla:
- Incentivos fiscales para promover el empleo formal mediante baja de impuestos.
- Topes a las indemnizaciones por despido.
- Creación de un “banco de horas”, que permite compensar horas extra sin pago adicional inmediato.
- Habilitación de convenios colectivos por empresa.
- Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.
Uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos. El fondo será solventado con el aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la ANSES y del 2,5% de las pymes. Incluso la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), que votó a favor en general, expresó reparos sobre este punto.
En la votación en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones impulsadas por el peronismo. En el capítulo XIV, referido al aporte obligatorio a gremios y cámaras empresarias, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que los aportes sean voluntarios. En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, dos menos que en los capítulos anteriores.
Finalmente, se mantuvo el sistema de aportes de afiliados a los gremios sin plazo de vigencia, aunque con un tope del 2%. Para las cámaras empresarias, el aporte obligatorio tendrá un límite del 0,5%.
Otro punto de negociación fue el pedido del PRO para incluir a las billeteras virtuales como medio de pago de salarios. El oficialismo sostuvo que sólo las entidades bancarias podrán pagar sueldos y que las billeteras deberán adecuarse a las normas del Banco Central si quieren hacerlo.
A último momento, el oficialismo incorporó como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, al no poder tratarlo como proyecto independiente por no estar incluido en el temario de sesiones extraordinarias.
En cuanto al financiamiento del Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se resolvió mantener hasta 2028 el esquema actual —10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta o alquiler de videos físicos o digitales y 25% de la recaudación del ENACOM— y luego sostenerlo con partidas del Presupuesto Nacional.
Cruces y acusaciones de inconstitucionalidad
En el cierre del debate, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y calificó la legislación vigente como “obsoleta”, al considerar que mantiene al país “anclado en el pasado”. Sostuvo que el crecimiento depende de la dinamización del sector privado y no de la expansión del Estado.
El debate había sido abierto por el senador libertario Juan Cruz Godoy, quien afirmó que el proyecto incorpora “detalles” para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador” y sostuvo que busca resolver “el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales”.
Desde la oposición, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, denunció que el texto es “inconstitucional” y que “va a fracasar”.
“Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día”, advirtió.
El senador Mariano Recalde sostuvo que la norma “no está pensada para generar trabajo” y afirmó que retrocede en derechos históricos. “Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores. Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también”, lanzó.
Desde el radicalismo, Carolina Losada defendió la reforma al afirmar que generará “más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”, al ampliar la base de trabajadores registrados.
Durante las quince horas de sesión expusieron 32 senadores en el debate en general y 10 jefes de bloque en el cierre. Con la aprobación en la Cámara alta, el oficialismo dio un paso clave en su agenda de reformas estructurales, mientras crecen las advertencias sindicales y políticas sobre el impacto que la norma podría tener en las condiciones laborales y en el alcance de derechos consagrados por la Constitución.