Amnistía Internacional lamentó la decisión del Gobierno argentino de retirar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, un órgano integrado por 47 Estados que tiene como misión central promover y proteger los derechos humanos en el mundo. La medida despierta cuestionamientos sobre el compromiso internacional del país en esta materia.
Un retroceso en la política exterior
La participación de Argentina en el CDH ha sido históricamente un símbolo de su integración internacional y defensa del multilateralismo. El país no solo fue miembro fundador, sino que también tuvo un rol activo en la promoción de resoluciones vinculadas a la diversidad, la justicia climática y en el respaldo a misiones de verificación en contextos críticos como Venezuela y Myanmar.
El retiro de la candidatura, según advirtió Amnistía Internacional, debilita esa trayectoria y envía un mensaje preocupante respecto a la voluntad del Gobierno de sostener compromisos con los derechos humanos de su población y del mundo.
El rol del Consejo y lo que pierde Argentina
El Consejo de Derechos Humanos es un espacio donde los Estados examinan violaciones, crean misiones de investigación y realizan revisiones periódicas de la situación en cada país.
Ser parte implica responsabilidades concretas: presentar resoluciones, participar en votaciones y someterse al escrutinio internacional. Con la decisión de no postularse, Argentina pierde poder de decisión en este foro global.
No obstante, el país seguirá obligado a cumplir con los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU y podrá intervenir en carácter de observador, aunque sin capacidad de voto.
Repercusiones de la decisión
Organismos internacionales subrayan que, si bien el CDH continuará funcionando sin la participación de Argentina, la ausencia del país en esa mesa de debate implica renunciar a influir en normas y políticas globales de derechos humanos.
La decisión del Gobierno de Milei, interpretada como una falta de interés en sostener este compromiso, se suma a un escenario de tensiones entre la política nacional y los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales.