El Gobierno volvió a sufrir una derrota en el Congreso de la Nación. Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Senado aprobó todos los proyectos impulsados por la oposición.
Una de los primeros proyectos sancionados fue el que declara la Emergencia Pediátrica y de las residencias nacionales en el Hospital Garrahan. La Ley obtuvo 62 votos a favor y 8 en contra. La votación negativa fue encabezada por los libertarios Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero, Juan Carlos Pagotto y Francisco Paoltroni, además de Carmen Álvarez Rivero (PRO).
La iniciativa busca garantizar el acceso equitativo y de calidad a los servicios pediátricos, fortalecer los hospitales públicos y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y personal esencial. También establece la recomposición salarial del personal de salud, incluyendo residentes.
Por otro lado, crea una comisión de seguimiento con representantes legislativos, del Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría que deberá emitir informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de la norma. Durante la emergencia, que tiene un plazo de un año, los programas de salud infantil tendrán prioridad presupuestaria, sobre todo en áreas críticas como neonatología, urgencias y oncología pediátrica.
Otro de los proyectos tratados fue la Ley de Financiamiento Universitario, el cual fue aprobado por 58 votos a favor, 9 en contra y tres abstenciones. Un número por encima de los dos tercios que permitirá resistir un nuevo veto presidencial.
Tal como explicó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la ley garantiza los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades argentinas, establece la recomposición salarial de los trabajadores docentes y no docentes, actualiza los montos de las becas educativas y crea un fondo para promover carreras estratégicas para el desarrollo nacional.
Los senados que votaron en contra fueron Bartolomé Abdala, Ezequien Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia, Bruno Olivera Lucero e Ivana Arrascaetea (La Libertad Avanza); Carmen Alvarez Rivero de Córdoba y Martín Goerling de Misiones (PRO), Francisco Paoltroni de Formosa.
El Senado pone un freno a la fantasía libertaria
Cabe mencionar que el Senado también rechazó los decretos delegados. Ambas cámaras consideraron que hubo un exceso en el uso de las facultades delegadas, por lo que se buscó revertir el escenario.
En ese marco el Senado rechazó los decretos 462/25, 461/25, 351/25 y el 345/25. El primero de ellos establecía la reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), reduciendo funciones y recursos. La medida fue rechazada por 60 votos, con 9 a favor y 2 abstenciones.
El segundo de ellos disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. Tras su publicación, esta medida desató un fuerte conflicto con los gremios, que lograron un amparo judicial. Fue rechazado por 60 votos, con 9 a favor y 2 abstenciones.
En tanto, el Decreto 351/25 modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El DNU obtuvo 58 votos en contra, 12 a favor y una abstención. Durante su intervención, Wado de Pedro señaló que la medida “apuesta a volver a una Argentina de la impunidad” y que “entorpecer la búsqueda de los 300 niños y niñas que aún faltan encontrar es complicidad plena con la dictadura militar”.
El cuarto decreto rechazado le otorgaba al Poder Ejecutivo la facultad de intervenir y reorganizar organismos culturales como el Instituto Nacional del Teatro y los institutos Eva Perón, Sanmartiniano, Yrigoyeneano y Juan Manuel de Rosas. Fue rechazado por 57 votos, con 13 a favor y una abstención.
Además de estos cuatro decretos, la oposición rechazó el decreto de necesidad y urgencia 340/25, que instauraba un régimen de excepción para la marina mercante nacional. Cuestionado por recortar derechos laborales, desregular el sector y debilitar la capacidad de intervención del Estado en una actividad clave para la soberanía económica. El rechazo se impuso con 55 votos en contra, 13 a favor y 3 abstenciones.