A fines de mayo, el gobierno de Javier Milei publicó el Decreto 351/2025, que modifica el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El pasado miércoles 6 de agosto la Cámara de Diputados rechazó dicha normativa, por lo que ahora, las Abuelas de Plaza de Mayo piden a les Senadores que se expresen en la misma línea.
El Decreto 351 dispone la transformación del BNDG, que pasa de ser un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”, a un “organismo desconcentrado dependiente de la citada Secretaría”.
También, manifiesta que “los créditos presupuestarios y recursos financieros” del BNDG se brindarán mediante esa Secretaría. A su vez, establece cambios en la dirección del organismo, y plantea que “todo movimiento de personal (…) deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública”, bajo la órbita del Ministerio de Desregulación.
Estas modificaciones encendieron las alarmas, no sólo de Abuelas, sino del amplio abanico de defensores de derechos humanos en Argentina. Intentan que no se avance contra el Banco, elemento clave para la identificación de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad.
¿Qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos?
Data de 1987, y nació a la luz de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperar a sus nietos y nietas. Lo impulsó el entonces presidente Raúl Alfonsin, luego de una reunión con estas incansables mujeres, en donde le explicaron la importancia del “índice de abuelidad”.
Esta prueba genética se fundamenta en el análisis del material genético de las personas involucradas. Permite determinar la relación de parentesco entre una abuela y sus nietos y garantiza una efectividad del 99,99%.
Para acoger este trabajo, se creó el BNDG. Durante sus primeros años de existencia, funcionó en el Servicio de Inmunología del Hospital Durand. Pero en 2009, se transformó en un organismo autónomo y autárquico bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a partir de la sanción de la Ley 26.548.
En definitiva, el Banco Nacional de Datos Genéticos es el archivo público y sistemático de material genético y muestras biológicas de familiares de personas secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar argentina. Estas muestras de ADN se comparan con las de personas que han sido halladas, con el fin de identificar a las víctimas y brindar respuestas a sus familias.
El organismo fomentó la capacitación y especialización de profesionales en genética forense. A su vez, la experiencia de Argentina en el uso de tecnología genética para abordar crímenes de lesa humanidad se reconoció y replicó a nivel global.
En tanto, el BNDG se adaptó a los nuevos desafíos a lo largo de los años. Fue crucial en la identificación de víctimas de catástrofes naturales, accidentes o situaciones de violencia más recientes.
Pero sobre todo, la creación del Banco fue esencial para avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia, permitiendo la identificación y restitución de personas desaparecidas a sus vínculos.
El último nieto recuperado se dio a conocer el pasado mes de julio: se trata del hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, secuestrados el 16 de diciembre de 1976. El nieto 140 nació el 17 de abril de 1977, en el centro clandestino “la escuelita” de Bahía Blanca.
Los avances contra el Banco
El pasado 23 de mayo, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 351/2025. En él, asegura que resulta necesaria la transformación del BNDG en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Esta decisión se tomó “con el propósito de que responda a parámetros de eficiencia en el marco del reordenamiento administrativo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”.
En ese sentido, manifiesta que la medida persigue “reducir el gasto público, y sin que ello afecte las competencias que tiene asignadas”. Basa esta acción en el poder que le da la Ley Bases, N° 27.742, que dotó al Ejecutivo nacional “de herramientas suficientes para mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal”.
Pero lejos de buscar su óptimo funcionamiento, desde Abuelas de Plaza de Mayo sospechan que el fin es frenar el accionar del Banco Nacional de Datos Genéticos. En diálogo con Radio Provincia, el miembro de la comisión directiva de Abuelas, Guillermo Pérez Roisinblit, afirmó que desde el gobierno nacional “empezaron con un ataque sistemático a los organismos de DDHH, especialmente Abuelas y la figura de Estela. Cerraron áreas de ministerios que aportaban información clave para los juicios. También, por decreto modificaron la unidad de investigación de la CONADI”.
En lo referente al BNDG, su transformación en un organismo desconcentrado, significa que en última instancia depende de Guillermo Francos, Jefe de Gabinete. A su vez, pierde la capacidad de administrar sus propios recursos, lo que resulta alarmante a la luz de nuevas investigaciones sobre la identidad de posibles nietos o nietas apropiades durante la dictadura.
El 6 de agosto, en la Cámara de Diputados, 133 legisladores rechazaron el decreto 351/2025; 69 lo apoyaron y 2 se abstuvieron. Ahora, desde Abuelas piden que el Senado se manifieste en la misma línea. “Queda que la Cámara de Senadores haga su parte, para garantizar esta política clave para las políticas de memoria, verdad y justicia”, manifestaron.