El derecho humano del acceso al agua entró en crisis y se ve amenazado por el gobierno de Javier Milei, quien a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) habilitó los cortes en el servicio que presta AySA.
Se trata del DNU 493/2025 que se publicó en el Boletín Oficial, el cual modifica el Marco Regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales que opera en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Esta iniciativa se inscribe en el avance libertario hacia la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), donde se habilitó la venta de acciones y la entrada de capitales privados.
Esta resolución modifica más de 100 artículos del régimen regulatorio que había sido aprobado en 2006, otorgándole mayores poderes a la concesionaria redefiniendo sus atribuciones.
En consecuencia, y acorde al objetivo del gobierno por privatizar cuanta empresa tenga al alcance, es que allana el camino para la entrega de AySA. Pero además, no titubea en su avance contra un derecho humano como lo es el acceso al agua, el cual podría empezar a restringirse para quienes no puedan pagar el servicio.
Así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando a través de una Asamblea General en 2010 se reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso suficiente al agua tanto para uso doméstico como personal.
En este sentido, establecen que son los Estados quienes deben velar por garantizar este derecho, priorizando a los más necesitados. En contramano, el gobierno libertario le otorgó facultades a una concesionaria de AySA para el corte del suministro de agua.
El gobierno avanza con la entrega de AySA
El gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de AySA, la empresa que provee de agua potable y desagües cloacales al AMBA con más de 100 artículos modificados.
Entre las principales medidas que adopta la resolución del DNU 493/2025 aparece la habilitación de venta de acciones de la empresa, la posibilidad del ingreso de capital privado y los cortes por falta de pago.
Una de las modificaciones son al artículo 2° del Decreto 304/06, el cual establecía que el 90% del capital de AySA pertenece al Estado y que esas acciones “serían intransferibles y que esa proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna”.
Ahora, con el Decreto 493/25, se determinó que “el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria”, por lo que quedó habilitada la venta de acciones y la entrada de capitales privados en la empresa, en pos de lograr la privatización de AySA.
En sus argumentos, el gobierno se escuda ante una “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
El derecho al agua, afuera
Otra de las resonantes modificaciones es en la del artículo 81, que hace referencia a la restricción y corte del servicio.
Antes, se aclaraba que la concesionaria tenía facultades para restringir o cortar los servicios por atrasos en el pago de facturas, entendiendo a la restricción del servicio como la entrega de un caudal limitado de agua por conexión, pero suficiente para un normal desarrollo personal.
En el cado del corte del servicio, se aclaraba que el mismo “procederá sólo en caso de Usuarios No Residenciales y se hará efectivo por falta de pago de las facturas de dos (2) períodos de facturación y previa intimación fehaciente con 10 días de anticipación”.
A partir de la nueva resolución, aclaran: “La Concesionaria está facultada para proceder al corte del Servicio Público por atrasos en el pago de las facturas correspondientes”, con la eliminación del extracto que prohibía el corte total.
En consecuencia, tras la mora por dos meses de pago de la factura, ahora la compañía podrá avanzar hacia el corte total del suministro de agua para los hogares.
Por otro lado, se otorgaron nuevas autorizaciones para la empresa concesionaria, donde la misma tendrá facultades para revisar y auditar desde lo técnico todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.Además, con esta nueva reforma se le delegó a la Agencia de Planificación (APLA) crear un Plan Director de Mejora Estratégica para “establecer los lineamientos y estrategias técnicas para el desarrollo de las obras básicas de infraestructura”, en pos de ampliaciones del servicio público.