La Asociación Trabajadores del Estado Capital Federal (ATE Capital) presentó una demanda colectiva ante la Justicia federal para frenar los efectos del capítulo IV de la Ley Bases, que afecta directamente al régimen de empleo público. La presentación se basa en la denuncia de irregularidades durante el tratamiento legislativo de la norma, y en particular, del voto clave del exsenador Edgardo Kueider, involucrado en causas por presunto cohecho.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick, dio curso a la presentación y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que, en un plazo de cinco días hábiles, justifique las condiciones en las que se sancionó la ley.
Empleo público en riesgo: qué cambia con la Ley Bases
La norma reformó profundamente el marco regulatorio del empleo público nacional. Entre otros puntos, autoriza cesantías bajo el argumento de “dotación excedida”, sin necesidad de demostrar una verdadera reestructuración del Estado.
Para ATE Capital, esta reforma es regresiva e inconstitucional, y constituye un ataque directo a la estabilidad laboral, la libertad sindical y los servicios públicos esenciales. “Estamos ante una ley sancionada en condiciones espurias”, advirtieron desde el gremio.
Un fallo sin precedentes recientes
El juez Cormick consideró que existen indicios serios de irregularidades en la sanción de la Ley 27.742 y validó la legitimidad de la acción colectiva de ATE. Se cumplen, según la resolución, los tres criterios establecidos por la Corte Suprema en el fallo “Halabi”: interés colectivo, efectos homogéneos y falta de vías individuales efectivas.
¿Qué puede pasar ahora?
Si el Ejecutivo no responde satisfactoriamente, la causa podría avanzar hacia la suspensión del capítulo sobre empleo público. Para ATE Capital, la pelea es también simbólica: “No vamos a permitir que se naturalice una ley nacida de la corrupción”, afirmó su secretario general Daniel Catalano.
El gremio continúa impulsando acciones gremiales y judiciales para frenar una reforma laboral impulsada por métodos que ponen en jaque la democracia misma.