El Decreto 493/2025, publicado recientemente por el Gobierno de Javier Milei, habilita la venta parcial o total de AySA, la empresa encargada de brindar agua potable y servicios cloacales en CABA y 26 municipios del conurbano. La medida no solo modifica el régimen de propiedad de la empresa, sino también su marco regulatorio, eliminando protecciones históricas para los usuarios.
Con este cambio, se permitirá:
- Cortar el servicio por falta de pago a usuarios residenciales.
- Subir tarifas mensualmente.
- Quitar la obligación de extender redes en zonas vulnerables.
- Vender el 90% de las acciones del Estado Nacional a capitales privados.
El impacto directo en la Ciudad de Buenos Aires
La privatización afectará a más de 3 millones de personas en CABA. Con las nuevas reglas, se espera que aumenten drásticamente las tarifas de agua y cloacas, que ya se incrementaron más de un 1500% durante 2024. Además, barrios populares que aún no tienen red de agua ni cloacas, quedarán fuera del mapa de expansión si la empresa queda en manos privadas.
Además, se consolida la mercantilización del agua: quien no pueda pagar, se quedará sin servicio. El acceso al agua, consagrado como derecho humano en tratados internacionales, pasaría a ser un privilegio.
Un retroceso con memoria: lo que dejó la privatización de los ‘90
La privatización de los años ’90 bajo el menemismo ya dejó secuelas. La entonces Aguas Argentinas, en manos de la francesa Suez, priorizó la rentabilidad por sobre el acceso universal. El resultado: tarifas impagables, nula inversión en infraestructura y contaminación masiva de ríos y napas por falta de tratamiento cloacal.
Ese modelo fracasado fue revertido en 2006 con la reestatización de AySA. Desde entonces, la empresa amplió cobertura, generó obra pública e incluso registró superávit operativo en 2024.
Privatizar no es modernizar: es ajustar a los más vulnerables
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, denuncian que esta medida forma parte de una estrategia más amplia de ajuste, achicamiento del Estado y abandono de funciones esenciales.
El ENOHSA (ente nacional de obras de agua y saneamiento) fue desmantelado, y el nuevo marco regulatorio ya no obliga a cubrir zonas sin servicio, como villas o asentamientos.
Según el informe, 7 millones de personas en el país no tienen agua potable y 20 millones no cuentan con cloacas. La privatización no resolverá esa brecha: la profundizará.
Voces en alerta: el agua no se negocia
El sindicato de trabajadores de AySA (SGBATOS), organizaciones de usuarios y especialistas advierten que esta privatización está ideológicamente motivada, y no responde a criterios técnicos ni financieros: AySA tuvo resultados positivos en 2024 y redujo su planta de personal un 20%.
“La ley habilita la suspensión del servicio a quien no pague. ¿Qué pasa con los jubilados, desocupados o habitantes de villas?”, cuestionan desde ATE. “Estamos ante una decisión que pone en riesgo la vida”.
Próximos pasos y resistencia
El proceso de venta podría demorar hasta 2026, pero ya comenzó. El Gobierno busca vender el 51% a un operador estratégico y el resto mediante una oferta pública. Inversores extranjeros ya mostraron interés.
Desde las organizaciones sociales, sindicatos y sectores académicos, se preparan acciones legales y movilizaciones para frenar este retroceso. Se exige un debate democrático y federal sobre un recurso esencial.
El agua potable no es un lujo, es un derecho. En plena crisis social, económica y ambiental, privatizar AySA pone en juego la salud, la igualdad y el futuro de millones de personas. En la Ciudad de Buenos Aires, esta medida puede tener efectos devastadores.