La empresa estatal israelí Mekorot se encuentra en el foco de la discusión pública en Argentina tras la presentación de un proyecto en la Legislatura de Jujuy que solicita la anulación de los contratos firmados con esta compañía. La iniciativa fue impulsada por diputados del PTS-FITU junto a la Campaña Fuera Mekorot y el Comité de Solidaridad con Palestina, en el marco de una serie de acciones nacionales en rechazo a los acuerdos firmados con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).
El pedido se fundamenta en las denuncias realizadas por diversas organizaciones internacionales, que acusan a Mekorot de limitar y apropiarse de los recursos hídricos en Palestina, afectando el derecho humano al agua y facilitando políticas de ocupación y colonización en la región.
Mekorot: la empresa israelí que desembarca en América Latina
Mekorot es la principal empresa estatal de agua de Israel y una de las líderes mundiales en gestión hídrica. Ofrece tecnología para plantas desalinizadoras, riego y reciclaje de aguas residuales. En los últimos años ha expandido su influencia en América Latina, firmando acuerdos en México, Colombia, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina.
Sin embargo, sus operaciones en los territorios palestinos ocupados han generado fuertes cuestionamientos. Según denuncias de ONGs y organismos internacionales, Mekorot controla el acceso al agua en Cisjordania y Gaza, priorizando el suministro a colonos israelíes por sobre las comunidades palestinas, situación considerada una forma de «apartheid hídrico».
Denuncias en Jujuy y otras provincias argentinas
El proyecto presentado en Jujuy no es un caso aislado. En al menos 12 provincias argentinas se han firmado acuerdos con Mekorot desde 2022, lo que generó el rechazo de comunidades originarias, organizaciones de derechos humanos y sectores ambientalistas.
Las principales críticas apuntan a la falta de consulta previa a las poblaciones locales y la confidencialidad de los términos contractuales, que incluyen cláusulas bajo jurisdicción extranjera y cesión de propiedad intelectual a la empresa. Además, se advierte sobre el riesgo de que Mekorot facilite información estratégica sobre recursos hídricos para beneficiar a proyectos extractivistas.
Acusaciones por violaciones a los derechos humanos en Palestina
Según denuncias de la organización PENGON/Friends of the Earth Palestine, Mekorot administra de forma restrictiva los recursos hídricos en los territorios ocupados, dejando a las comunidades palestinas con acceso limitado o nulo al agua potable, mientras los colonos israelíes gozan de abundancia hídrica incluso para usos recreativos.
En Gaza, bajo asedio militar, la población sobrevive con 2 o 3 litros de agua diarios por persona, muy por debajo del mínimo recomendado por la OMS. La situación es agravada por la contaminación del suelo y la destrucción de infraestructuras básicas, lo que afecta la agricultura, la salud y la seguridad alimentaria.
Argentina en la mira: rechazo a la cooperación hídrica
La Campaña Fuera Mekorot alerta que estos convenios representan no solo una legitimación de prácticas cuestionadas internacionalmente, sino también una amenaza para la soberanía hídrica argentina. Denuncian que la empresa israelí busca aplicar su modelo de mercantilización del agua en provincias argentinas ricas en recursos hídricos y en zonas donde existen conflictos socioambientales vinculados al extractivismo.
El rechazo al acuerdo es compartido por sectores del sindicalismo, organizaciones de pueblos originarios, movimientos socioambientales y de derechos humanos, que piden su anulación en defensa del derecho al agua y en solidaridad con la causa palestina.
Un debate que crece en todo el país
La discusión sobre Mekorot refleja una preocupación mayor: la protección de los bienes comunes frente a intereses privados y transnacionales. En un contexto de adhesión al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), los críticos advierten que el manejo de los recursos hídricos debe mantenerse bajo control soberano, garantizando la consulta previa a las comunidades y la transparencia en la firma de acuerdos internacionales.
El gobierno nacional y los provinciales aún no se pronunciaron oficialmente sobre los pedidos de anulación, pero la polémica sigue sumando voces en todo el país.