La Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
Tras la decisión del máximo tribunal, la defensa de la ex mandataria podrá solicitar que la pena se cumpla bajo la modalidad de prisión domiciliaria, considerando que Kirchner tiene 72 años, lo que la habilita a acceder a este beneficio según la Ley de Ejecución Penal.
El Tribunal Oral Federal N°2 deberá definir si le concede este régimen alternativo. Además, citará a la ex presidenta para que se presente en Comodoro Py en un plazo de cinco días hábiles con el fin de efectivizar su detención, al igual que a los otros ocho condenados en la causa.
Los domicilios posibles para el cumplimiento de la pena
Entre las opciones para fijar la prisión domiciliaria figuran su residencia actual en el barrio de Constitución, adonde se mudó luego del intento de magnicidio de 2022, y su casa en El Calafate, Santa Cruz. Sin embargo, cualquier domicilio deberá ser evaluado mediante estudios socio ambientales que validen su viabilidad como lugar de detención.
Además, se contempla la colocación de un dispositivo electrónico de monitoreo, medida que puede ser dispensada sólo por decisión judicial basada en informes técnicos.
Los próximos pasos judiciales
Antes de aprobar el pedido de prisión domiciliaria, el juez de ejecución deberá solicitar la opinión de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora. También se requerirá un control médico del Equipo Médico Forense, teniendo en cuenta los antecedentes de salud de la ex mandataria, como el hematoma subdural crónico (HSC) que padeció en 2013.
Por otro lado, la inhabilitación perpetua deberá ser comunicada a la Cámara Nacional Electoral para que Cristina Kirchner sea excluida del padrón electoral, impidiendo así su candidatura en las elecciones previstas.
El debate político y la respuesta del peronismo
Desde el Partido Justicialista se evalúan alternativas de rechazo al fallo de la Corte, que van desde la redacción de una declaración conjunta hasta movilizaciones masivas y la posible presentación de denuncias ante organismos internacionales.
El oficialismo sostiene que esta resolución judicial representa una «proscripción política» que busca impedir la participación electoral de la ex presidenta, quien había anunciado su precandidatura como diputada bonaerense.