El próximo jueves 22 de mayo a las 12:30, estudiantes, docentes y no docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) se concentrarán en Plaza Houssay en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. A poco de cumplirse un año de la histórica primera movilización universitaria en la era de Javier Milei, el conflicto entre el Gobierno nacional y las altas casas de estudio sigue agravándose.
En ese sentido, para la próxima semana tendrán lugar nuevas convocatorias de lucha que buscan visibilizar la crítica situación presupuestaria de estas instituciones. Mientras tanto, se prepara una nueva movilización federal que se realizaría el 29 de mayo.La convocatoria del jueves forma parte de una semana de protesta impulsada por los gremios FEDUBA, ADUBA, APUBA y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), que denuncian una política de “cepo salarial” que dejó a los sueldos universitarios muy por debajo de la inflación.
Cabe mencionar que la última actualización salarial fue de apenas 1,3% en abril, muy lejos del 2,8% de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), lo que consolidó una pérdida del poder adquisitivo de entre el 20% y el 40% desde diciembre de 2023, según datos del Módulo de Condiciones Laborales Docentes.
Los principales reclamos
Pero el conflicto no se limita solo a los salarios. Las demandas abarcan un reclamo integral por el financiamiento universitario: paritarias urgentes, becas estudiantiles con montos actualizados, recursos para la investigación científica y una ley de financiamiento que garantice el sostenimiento de las universidades públicas.
El Consejo Superior de la UBA también se pronunció y sumó su adhesión institucional a la movilización. En una resolución, sostuvo que la política presupuestaria del Gobierno Nacional tiene “impactos negativos directos” sobre el funcionamiento de las universidades. Exigieron, además, una legislación que permita revertir el vaciamiento del sistema y proyectar su desarrollo a futuro.
Mientras Milei celebra una baja general del índice de inflación y se jacta de su “superávit fiscal”, los sectores vinculados a la educación siguen perdiendo. El informe de abril del MOCLADUNA detalló que, entre diciembre y abril, los salarios docentes subieron un 114,2%, frente a una inflación acumulada del 196,5%. En términos reales, los ingresos del personal universitario no sólo no crecieron, sino que se licuaron mes a mes.
En este contexto las protestas se intensifican. El malestar docente se mezcla con la preocupación estudiantil y el compromiso de sectores no docentes, generando un frente común en defensa del derecho a la educación. La universidad pública argentina, símbolo de inclusión social, producción de conocimiento y movilidad ascendente, vuelve a alzar la voz para recordar que sin presupuesto no hay futuro.
Desde las aulas, los pasillos y las plazas, crece una nueva marea universitaria que no se resigna. El mensaje es claro: sin salarios dignos, sin becas, sin ciencia y sin condiciones materiales, no hay educación pública posible. Y si no hay educación pública, no hay democracia.