El 9 de mayo de 2012, Argentina aprobó la Ley de Identidad de Género. Con 55 votos afirmativos, ninguno en contra y una abstención, el Senado convirtió en ley el proyecto militado durante años por las organizaciones del colectivo travesti trans.
El Censo de 2022 mostró que 196.956 personas en el país no se identifican con el género asignado al nacer. Más allá de los logros o las leyes obtenidas en los últimos años, se trata de un colectivo históricamente invisibilizado y discriminado.
¿Qué dice la ley de identidad de género?
La ley establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a ella y a ser tratada de forma digna de acuerdo su identidad.
Para realizar el cambio registral la persona deberá presentar su DNI y la solicitud en formulario único simplificado en el Registro Civil de su localidad. Allí deberá expresar el nuevo nombre de pila con el que solicita inscribirse. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica.
En su segundo artículo, la norma define a la identidad de género como “a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”.
¿Qué pasa con el empleo?
A más de una década de la aprobación de la Ley de Identidad de Género, el acceso al trabajo sigue siendo una deuda con las personas trans y travestis en Argentina. Según el “Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina”, 4 de cada 10 mujeres trans reportaron haber sido despedidas o desestimadas de un empleo por su identidad.
En 2021, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se promulgó la ley para la promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Esta ley estableció un cupo de contratación no inferior al 1% para las personas trans en los tres poderes del Estado Nacional, los Ministerios Públicos y los organismos descentralizados.
A pesar de ello, distintos organismos denunciaron que la ley no se cumplía, o si lo hacían era de manera parcial. Municipios y provincias no adherían, o tenían menos personas trans empleadas que las debidas.
La situación se agravó con la llegada de Javier Milei y la Libertad Avanza a la presidencia. Desde entonces no existen informes sobre el cumplimiento de la ley y, además, muchas de las personas despedidas de las dependencias estatales forman parte del colectivo travesti-trans
En busca de revertir esta situación, en los últimos años se organizaron diferentes espacios que buscan promover el empleo formal para personas trans. Entre ellos se encuentran Transformar la mirada, una iniciativa de la Asociación Mocha Celis, y Contratá trans, un programa de Impacto Digital.
Discursos de odio y retrocesos
El último tiempo estuvo marcado por el odio para las personas LGBTIQ+. Días atrás se cumplió un año del triple lesbicidio en Barracas. Y a lo largo del último año fueron muchas las denuncias por ataques violentos a personas trans y homosexuales.
En este marco, 2025 comenzó con una “Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista”, impulsada por organizaciones LGBTQ+ y de derechos humanos en rechazo al discurso del presidente en el Foro Económico de Davos.
Ante empresarios y líderes de todo el mundo, el presidente habló en contra de la diversidad sexual. Entre sus dichos, vinculó las “versiones más extremas” de la ideología de género con el abuso infantil y apuntó contra las identidades trans.
En 2024 se publicó el “Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la diversidad sexual y genérica en la Argentina”. Allí, cerca del 40% de las personas trans respondieron que sufrieron agresiones o discriminación en el ámbito educativo.
Además, el 59,9% de las personas encuestadas indicó haber pensado en quitarse la vida en algún momento. Y, en el caso de las mujeres trans, un 25% afirmó haber sido víctima de abuso o violencia por parte de las fuerzas de seguridad.