Amnistía Internacional inició una campaña con el objetivo de visibilizar y frenar la creciente represión que sufren los jubilados cada miércoles en el marco de las protestas que realizan por una jubilación digna frente al Congreso de la Nación.
Bajo el título de una Acción Urgente (AU), la organización internacional envió cartas e imágenes a senadores y diputados de los maltratos que reciben los adultos mayores para exigir que se tomen medidas inmediatas que garanticen el derecho a la protesta. Asimismo, solicitaron frenar el deterioro de las condiciones de vida de este grupo.
En un contexto de recortes previsionales, ajuste fiscal y represión estatal, la campaña también pide al Congreso que prorrogue la moratoria previsional o implemente un sistema alternativo que asegure el acceso a una jubilación justa.
¿Y el derecho a la protesta?
Cada miércoles, senectud y dignidad se entrecruzan en las inmediaciones del Congreso cuando decenas de jubilados copan las calles para reclamar una pensión que les permita cubrir sus necesidades básicas. Tras años de trabajo —muchos expuestos al empleo informal o a tareas de cuidado no remunerado, que no sumaron aportes— los adultos mayores ven ahora cómo vence el plazo de la moratoria previsional, mientras que, en lugar de recibir soluciones, sufren una represión sistemática a manos de las fuerzas de seguridad.
La Disposición 23 de marzo de 2025 puso fin a la moratoria creada en 2023, dejando sin acceso a la jubilación plena a quienes no cuentan con 30 años de aportes. Sin ese alivio legal, miles quedaron condenados a depender de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80 % de la jubilación mínima, montos —$218.000 frente a la línea de pobreza de $334.000— que no cubren ni la mitad de una canasta básica.
En paralelo, el informe de ANSES de diciembre de 2024 reveló que apenas el 30 % de las nuevas jubilaciones se otorgaron sin recurrir a la moratoria, confirmando su rol esencial para amplios sectores laborales estratificados por la informalidad.
Lejos de ofrecer respuestas, el Estado acudió a balas de goma, gas pimienta y detenciones arbitrarias contra quienes exigen su derecho a una vejez digna. Imágenes distribuidas por Amnistía Internacional Argentina dan cuenta de adultos heridos y ancianos arrastrados por el piso, un accionar desproporcionado que vulnera el derecho a la protesta y pone en jaque la legitimidad democrática. Frente a esta escalada de violencia, la organización lanzó la campaña dirigida a cada senador y diputado, exigiendo la prórroga de la moratoria o la creación de un sistema alternativo que garantice condiciones de vida adecuadas.
Los efectos de la crisis previsional se profundizan con cifras que ilustran un recorte brutal. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto en jubilaciones y pensiones se redujo un 33 % durante el primer bimestre de 2024, representando el 43 % del ajuste primario.
Este descenso real no solo refleja prioridades fiscalistas que penalizan a los más vulnerables, sino que también agrava la pobreza estructural: más del 63 % de los jubilados vive bajo la línea de pobreza y las mujeres —con mayor informalidad laboral— afrontan un impacto aún más desproporcionado.
“La política de ‘ajustar a los ajustados’ carece de perspectiva de derechos humanos, dejando de lado a quienes, tras toda una vida de trabajo, deberían gozar de un retiro digno”, denunció Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Su llamado es claro y urgente: el Congreso debe actuar antes del próximo miércoles para evitar que la desprotección se convierta en norma y, al mismo tiempo, investigar y sancionar la represión a los jubilados en las plazas.
Suspender el vencimiento de las moratorias y garantizar el respeto al derecho a la protesta no es un favor, sino un imperativo legal y moral para que los adultos mayores puedan finalmente disfrutar de la justicia que merecen.