El gobierno de Javier Milei no descansa cuando de ajustar a la población se trata, y las pensiones por discapacidad son el principal objetivo por estas horas. Una auditoría diagramada para la baja sistemática del beneficio y una medida cautelar como respuesta.
Como es costumbre en el gobierno libertario, ante irregularidades aunque aisladas dentro del aparato estatal, las mismas son utilizadas como justificativo para el avance sin mayores contemplaciones en el recorte de diferentes áreas.
En este caso, las pensiones por discapacidad están bajo amenaza del gobierno nacional por lo que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es la encargada de realizar una auditoría sobre las personas beneficiarias. El titular de dicha agencia es Diego Spagnuolo, el mismo funcionario que firmó la resolución que catalogaba de “idiota” y “retardados” a miembros del colectivo.
Dentro del universo de 1,2 millones de personas en todo el país que perciben una pensión no contributiva, hasta abril la ANDIS envió 470 mil cartas documento para notificar a los beneficiarios pero 222.607 de ellas nunca llegaron a su destino final.
Esta información fue confirmada la semana pasada por el propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en contexto de su informe de gestión ante el Congreso. Allí, reconoció que casi la mitad de los beneficiarios no fueron notificados, siendo la mayoría de ellos por problemas en el domicilio declarado.
Ante este inconveniente, ese grupo de personas se quedaría sin forma de demostrar la documentación que valide su situación y ante ello, se les suspendería el cobro.
La ANDIS continuará con su plan de envío de notificaciones en los próximos meses hasta completar la totalidad de beneficiarios actuales. Las cartas son enviadas por la empresa de correos privada Andreani, tras ganar una licitación de 13 mil millones de pesos a principios de este año.
Según el proyecto de presupuesto 2025, el gobierno ya adelantaba un recorte de 200 mil pensiones no contributivas aunque esa cifra podría llegar a duplicarse.
Pensiones por discapacidad: entre irregularidades y medidas cautelares
El gobierno se toma en serio sus programas de ajustes y en su misión por dejar sin pensiones por discapacidad a la mayor gente posible, aplica nuevos requisitos para las personas que logran ser auditadas.
La gestión libertaria expuso irregularidades existentes tales como el cobro por presos comunes, prófugos de la justicia y personas fallecidas. A ello se suman casos resonantes, como el que presentó el vocero presidencial Manuel Adorni cuando mostró una radiografía de la cadera de un perro, aunque nunca se llegó a entregar una pensión por ese caso.
De cualquier manera, el gobierno se toma las irregularidades y las presenta como una regla que le sirve de excusa para avanzar con el ajuste en cada área del estado.
En consecuencia, si las notificaciones no se pierden en el camino y las personas beneficiarias logran presentarse, deberán pasar un segundo filtro. Las pensiones no contributivas están destinadas a quienes se encuentran imposibilitados de trabajar por razones de salud y en situación de vulnerabilidad social.
A partir del Decreto 843/2024, Milei modificó las condiciones que establece la ANDIS para las personas que quieran cobrar una pensión por invalidez, así como aquellos que necesiten obtener el Certificado Único por Discapacidad.
Como requisitos, se necesita una incapacidad laboral del 66% o más, mediante el Certificado Médico Oficial (CMO), que se obtiene en los hospitales públicos, tener hasta 65 años y no cobrar jubilación ni pensión.
Además, se detalla que esta pensión es incompatible con cualquier tipo de relación laboral, sea en relación de dependencia, en forma autónoma o monotributista del régimen general o monotributista social. El monto a percibir equivale al 70% de una jubilación mínima.
Ante el proceder del gobierno, organizaciones civiles vinculadas al colectivo denuncian la auditoría de la ANDIS por someter a las personas beneficiarias a situaciones estresantes. Se observaron largas filas en pos de justificar la acreditación de las pensiones, sin contemplar las particularidades del colectivo.
En consecuencia, la ONG Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA) presentó una medida cautelar para solicitar que se adecuen los procedimientos a las necesidades y posibilidades del colectivo. Alegan que el protocolo carece de un protocolo de actuación y que existen trabas para las personas con distintas discapacidades a las que se las expone a situaciones adversas.