El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su alarma por el deterioro de la situación en Myanmar, con informes de cientos de civiles muertos al huir de combates entre el ejército regular y rebeldes en el occidental estado de Rakáin.
“Tanto los militares como el Ejército de Arakan tienen una responsabilidad directa por la tragedia humana que se está produciendo en Rakáin”, dijo Türk.
En los últimos cuatro meses, decenas de miles de personas, muchas de ellas de la etnia rohinyá, han huido de una gran ofensiva del rebelde Ejército de Arakan para arrebatar el control de las ciudades de Buthidaung y Maungdaw a los militares.
En uno de los ataques más letales a lo largo del río Naf, en la frontera con Bangladés, el 5 de agosto, decenas de personas murieron, según se informa, incluso por drones armados, y aún no está claro qué parte del conflicto fue responsable.
Türk dijo que “miles de rohinyás se han visto obligados a huir a pie, mientras el Ejército de Arakan los conduce una y otra vez a lugares que ofrecen poco refugio”.
“Como los cruces fronterizos con Bangladés siguen cerrados, los miembros de la comunidad rohinyá se encuentran atrapados entre el ejército y sus aliados y el Ejército de Arakan, sin ningún camino hacia la seguridad”, deploró el comisionado.
Una cruda realidad que lleva años asentándose en Myanmar
Durante años, la minoría étnica rohinyá, de confesión predominantemente musulmana y que habita en Rakáin, frontera con Bangladés, ha sufrido persecución en Myanmar, un país de 54 millones de habitantes donde la etnia mayoritaria es birmana y el credo más extendido es el budismo.
El 1 de febrero de 2021 el ejército tomó el poder en Myanmar (también conocido por su antiguo nombre de Birmania), reprimió fuertemente las protestas de la oposición y en ese clima resurgieron grupos rebeldes armados, entre ellos el Ejército de Arakan, popular en el grupo étnico rakáin, que sigue la fe budista.
Más de un millón de rohinyás huyeron de sus hogares en la última década, la mayoría de esos desplazados llegó a campos de refugiados en Bangladés, y los cientos de miles que permanecen en Rakáin están atrapados en el fuego cruzado entre el ejército nacional, el rebelde de Arakan y grupos armados menores.
Türk dijo que “este mes se cumplen siete años de las operaciones militares que obligaron a 700 000 personas a cruzar la frontera con Bangladesh. A pesar de que el mundo dice “nunca más”, una vez más estamos siendo testigos de asesinatos, destrucción y desplazamientos en Rakáin”.
Observó que las partes en el conflicto armado emiten declaraciones en las que niegan su responsabilidad por los ataques contra los rohinyás “actuando como si fueran impotentes para protegerlos. Esto pone a prueba los límites de la credulidad”.
Según la información documentada por su oficina (Acnudh), tanto el ejército nacional como el de Arakan, que ahora controla la mayoría de los municipios de Rakáin, han cometido graves violaciones de los derechos humanos y abusos contra los rohinyá, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
Algunos de esos crímenes incluyen decapitaciones, secuestros, reclutamiento forzado, bombardeos indiscriminados de ciudades y pueblos con drones y artillería, y ataques incendiarios sobre los caseríos.
Esos ataques “contrastan claramente con las obligaciones de todas las partes en virtud del derecho internacional humanitario y con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia para proteger a los rohinyás contra el riesgo de sufrir más daños”.
Condiciones deplorables, niñes afectades y una crisis humanitaria sin expectativas
Fuentes fidedignas han informado de que cada vez hay más rohinyás, casi la mitad de los cuales son niños, que buscan ayuda por heridas relacionadas con el conflicto. También se ha informado de que mueren de diarrea debido a la falta de acceso a agua potable y a unas condiciones de vida extremadamente inadecuadas.
Los hospitales de Buthidaung y Maungdaw han estado cerrados debido a la violencia, lo que ha agravado aún más una crisis humanitaria ya de por sí desastrosa, agravada por un corte generalizado de las telecomunicaciones.
“Ambas partes deben cesar de inmediato los ataques contra los civiles, proteger a quienes huyen del conflicto y garantizar su acceso sin trabas a la asistencia humanitaria que les puede salvar la vida”, subrayó el comisionado.
Además “es responsabilidad de la comunidad internacional, con la Asean a la cabeza, tomar todas las medidas necesarias para proteger a los rohinyá y a otras víctimas civiles de este cruel conflicto”, expuso Türk.
La Asean (Asociación de Estados del Sudeste Asiático) ha intentado sin éxito, desde el golpe de Estado de 2021, mediar para detener la violencia y solventar la crisis política en Myanmar.